La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre el proyecto de ley de seguridad interior de México, que "contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos".
Recordó que la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.
En su visita a México en 2015, esa Comisión constató "con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
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La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión".
En reiteradas ocasiones, la CIDH ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.
La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública.
La Comisión reiteró que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, pero debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.
La CIDH reitera la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de "desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles" a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
EB