La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), en el que urgió a México a desplegar el máximo de sus esfuerzos para determinar judicialmente la posible participación de agentes de las fuerzas militares y policiales en conjunto con grupos criminales en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió dichos sucesos y su ocultamiento.
También pidió determinar las responsabilidades de los agentes estatales que giraron y ejecutaron las instrucciones para la fabricación de diligencias para obstruir la justicia.
La comisión dijo que los esfuerzos para esclarecer el caso deben reflejarse “en procesos judiciales, sustanciados bajo las reglas del debido proceso, que permitan la sanción de responsables a través de sentencias firmes”.
“A ocho años de los graves sucesos, México aún mantiene su obligación de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, aseguró.
La CIDH señaló que a pesar de los avances obtenidos como resultado de la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA), continúan los obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares.
Al respecto, el organismo interamericano de derechos humanos destacó que la judicialización del ex procurador Jesús Murillo Karam, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de captura contra miembros del ejército y funcionarios estatales que ocuparon cargos públicos en Guerrero en el momento de la desaparición de los estudiantes, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia en el caso.
“Preocupa que la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente habría derivado en la dimisión del titular de la UEILCA y de varias personas agentes ministeriales lo que implica un retroceso respecto del conocimiento adquirido sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso. En ese sentido, urge la adopción de medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos”, indicó.
En cuanto a la búsqueda, la comisión valora que el Estado ha venido desplegando esfuerzos para mantener una operación activa y continua de la búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades de Guerrero, dijo que la localización de fragmentos óseos y posterior identificación genética positiva de los estudiantes Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz representan un avance que debe ser profundizado para el esclarecimiento de los hechos y del posible destino final de los normalistas.
Sobre la atención a las víctimas, la CIDH mencionó que aunque el Estado ha concentrado sus esfuerzos en el otorgamiento de medidas y el establecimiento de una ruta de trabajo para la atención médica y de salud a las personas que han sido reconocidas como víctimas en el caso Ayotzinapa, la ausencia de un plan integral de atención ha generado desfases o atrasos en los esquemas de atención médica y de salud, así como dificultades para evaluar los avances en la materia.
Desacreditan los “pantallazos” como elementos de prueba
La CIDH también cuestionó la autenticidad de las capturas de pantalla -relacionadas con mensajes de presuntos integrantes de Guerreros Unidos (GU)- como elementos de prueba en el caso Ayotzinapa, porque nunca fueron proporcionadas por la Comisión para la verdad y la Justicia (Covaj) para el análisis correspondiente.
Los representantes de la CIDH se reunieron en privado con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, pero al final sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación.
Durante la exposición, la relatora Esmeralda Arosamena de Troitiño, señaló que el gobierno federal no compartió las capturas de pantalla que presentó durante su último informe, lo que implica una omisión muy seria.
Participó Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH; Edgar Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente; Margarette May Macaulay, segunda vicepresidenta.
También estuvieron los comisionados Esmeralda Arosemena de Troitiño; Joel Hernández García, Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido y la relatora Esmeralda Arosamena.
En su intervención la relatora de la CIDH expresó que el informe pretende que tanto familiares de víctimas y autoridades encuentren una orientación u hoja de ruta correcta, para que se continúe empujando todos los espacios en los que urge se cumplan las obligaciones internacionales y del propio país frente a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
En el escrito de 120 páginas y siete capítulos, comprende trabajos realizados desde el año de 2019 hasta la fecha, mediante un equipo que permaneció en México, obteniendo información de primera fuente para la investigación.
Los integrantes de la CIDH señalaron que la nueva investigación puso en duda aquellos resultados que en su momento presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cuales aseguraron que “ni es verdad ni es histórica”, como concluyó la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Descartaron la versión que apunta hacia la quema de los cadáveres de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, además denunciaron la colocación de algunos restos y la realización de diligencias realizadas a modo.
En consecuencia, reconocen que la omisión podría poner en duda la veracidad de los mismos y con ello, no hay muchas condiciones para que se les puede tomar como pruebas contundentes en el caso.
Los integrantes de la CIDH manifestaron que su interés es contribuir a que las autoridades del país superen los obstáculos que se tienen para llegar a la verdad y la justicia, pues reconocen que el caso Iguala-Ayotzinapa, es uno de los principales retos que tiene México ante la comunidad internacional.
LG