El ex coordinador del PRI en el Congreso de Nuevo León, Francisco Cienfuegos, refutó al gobernador Samuel García, señalando que la iniciativa para crear la Ley de Emergencia Económica es para evitar que las empresas locales sufran una crisis económica durante una pandemia, descartando que se trate de un Fobaproa, como fue calificado por el mandatario estatal.
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“En relación a los 600 millones de pesos que el Congreso repartiría a 20 empresas, estoy seguro que alguien le informó mal al gobernador, puesto que la iniciativa impulsada por las Cámaras y un servidor no contiene dicha aseveración.
“La Ley contempla la creación de un Fondo de Emergencia Económica, que será el Ejecutivo quien lo constituirá con reglas de operación específicas y transparentes, el cual estaría integrado por al menos el uno por ciento del total del Presupuesto Estatal (un mil 181 millones 942 mil 529 pesos con 58 centavos-año 2022), el recurso se aplicaría por el propio Ejecutivo, de acuerdo a las reglas que él expida y con el apoyo de un Consejo, donde él sería el presidente, y junto con alcaldes, empresarios, academia y sociedad civil, tomarían las mejores decisiones para la economía de nuestro Estado”, aclaró Cienfuegos.
El 5 de mayo de 2020, expuso el priista, se presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución, a fin de otorgar la atribución al gobernador en turno de proteger la economía de las personas.
“Estableciéndose a su vez que los términos en los que el Ejecutivo cumpliría con dicha atribución se contenían en la iniciativa de Ley de Emergencia Económica”, sostuvo.
La iniciativa de Ley, aún pendiente de análisis en el Congreso, no aprobada en Comisión, como lo afirmó el gobernador, se derivó en el contexto de la situación que al inicio de la pandemia de covid-19 todos los nuevoleoneses padecieron.
“Fueron meses con el comercio cerrado, comerciantes y familias sin recursos para atender sus deudas generando su incremento, con impuestos sin ampliación de términos para ser pagados, sin incentivos para los pequeños y medianos empresarios, ya no digo para generar ingresos, sino para subsistir”, apuntó.
Cienfuegos recordó que no fue un tema político, pues la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, (CMIC); Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, (CANADEVI); Cámara Nacional de Comercio de Pequeños Servicios y Turismo, (CANACOPE); del Instituto para la Protección Ambiental, (IPA CAINTRA); Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (CANIRAC); de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, (CANACAR), presentaron la reforma constitucional y la iniciativa de Ley.
“Los que signamos la iniciativa coincidimos en que debíamos actuar para aminorar la emergencia económica que a 2 meses de iniciada la pandemia ya estábamos viviendo”, refutó.
Cienfuegos insisto que, de aprobarse la ley, ésta se aplicaría únicamente cuando sea declarada una emergencia económica, que el mismo gobernador deberá emitir, y con ello evitar lo que pasó al iniciar la pandemia que paralizó la economía mundial.
“Sucedió por no contar con un marco legal que contuviera medidas y acciones inmediatas para mantener una economía social e industrial”, concluyó.