La comunidad científica agrupada en la Red ProCienciaMx reclamó que la decisión de desaparecer todos los fideicomisos de ciencia y tecnología fue sorpresiva y hasta ahora no se ha emitido ninguna alternativa real para sustituirlos.
Ante ello, convocaron a los investigadores a acudir el próximo jueves, de forma individual o en grupos, al Senado de la República para exponer a los legisladores las afectaciones que causarán la desaparición de los fideicomisos de investigación.
En un pronunciamiento, la Red expuso que la extinción de los fideicomisos tiene consecuencias para todo el aparato científico mexicano. Para muchos investigadores, en particular los adscritos a los Centros Públicos de Investigación, serán directas y graves, ya que pierden el único mecanismo legal mediante el cual se permitía la aplicación de recursos autogenerados en sus investigaciones.
En el caso de las entidades federativas, desaparecerá su único instrumento de inversión en infraestructura científica, advirtió la Red.
“Pierde mucho la investigación porque desaparece el fondo SEP-Conacyt que era el único en el país que invertía en ciencia básica. Pierden los tecnólogos porque desaparecen los fondos sectoriales que eran los que orientaban la investigación para la solución de los problemas nacionales por sector. Pierden los jóvenes pues desaparecen los recursos mediante los cuales podían llevar a cabo sus investigaciones de tesis. Y pierde la sociedad mexicana porque se deja de generar conocimiento”, expresaron los científicos.
En el documento dirigido al Congreso de la Unión, la Red recordó que el sistema científico mexicano se erige sobre tres pilares: programa de becas de posgrado, sistema nacional de investigadores y sistema de fondos para investigación.
De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, los fondos para investigación pueden ser de alguno de cuatro tipos: institucionales, sectoriales, mixtos o regionales.
Cada uno de estos fondos puede ser constituido como fideicomiso para el cumplimiento de sus obligaciones.
Los fideicomisos son contratos específicos en los cuales los fideicomitentes (el gobierno) entregan a un fiduciario (institución financiera) determinados bienes para que disponga de ellos para un propósito concreto y según los fines, normas y mecanismos de quien los entrega.
Los fideicomisos para la investigación fueron constituidos a veces con recursos sólo gubernamentales y a veces con recursos también autogenerados por los investigadores mediante proyectos en convenio con la iniciativa privada o con instituciones extranjeras, con el fin único de proveer los medios económicos indispensables para desarrollar proyectos de investigación científica, mediante mecanismos de adjudicación diversos, pero que siempre responden a convocatorias y son evaluados por pares, abundó la Red.
La agrupación científica añadió que mientras que los mecanismos normales de asignación de recursos por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales responden a reglas de acuerdo con las cuales deben de ejercerse en un solo año fiscal, los recursos depositados en fideicomisos pueden ser ejercidos a lo largo de varios años, una situación que es indispensable para la realización de proyectos de investigación.
En el caso de los fideicomisos para la investigación, todos son públicos, y en ellos el ejercicio de los recursos es fiscalizable y estrechamente fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, indicó la Red.
Agregó que algunos de ellos son impulsados tanto por el gobierno federal como por alguno estatal y se conocen como “Fondos Mixtos”, los cuales son sujetos a una doble fiscalización, una por cada uno de estos dos fideicomitentes.
Para principios de 2020 el sistema nacional de fondos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología se encontraba constituido por 91 fideicomisos: 27 en los Centros Públicos de Investigación, 24 Sectoriales, 35 Mixtos y 5 Institucionales.
“Todos estos fideicomisos fueron etiquetados para su desaparición en la iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología sometida el pasado mes de mayo a la cámara de diputados. No existe en la iniciativa ninguna disposición que obligue a que los 23 mil millones de pesos que se obtengan de la extinción de esos fideicomisos se reinviertan para la investigación científica. Y en caso de que estos recursos sí sean reinvertidos en este sector, ello no aumentará en nada la transparencia, ya que en el caso de ser auditados lo serán con los mismos mecanismos que cuando estaban en fideicomisos”, concluyeron.
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