Más allá de las sanciones administrativas impuestas a funcionarios del Poder Judicial, en los últimos cinco años sólo se han iniciado cinco carpetas de investigación, por denuncias de presuntos delitos penales presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Esto, de acuerdo con los informes presentados por Arturo Zaldívar y Norma Piña, respecto a sus gestiones como presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes de ellos, la opacidad era la norma en el Máximo Tribunal, pues ningún presidente de la Corte hizo pública esa información cuando aún operaba el anterior sistema penal.
En lo administrativo, desde 2007, cuando el ministro presidente era Guillermo Ortiz Mayagoitia, a la fecha, se reportaron 665 sanciones al personal judicial, entre apercibimientos, amonestaciones, inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y una sanción económica.
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En el caso de las judicializaciones penales, con Zaldívar se iniciaron tres carpetas de investigación en contra de un Juez de Distrito, un jefe de departamento y un chofer de funcionario público. Con Norma Piña, han sido dos carpetas de investigación, en las que se vinculó a proceso a un magistrado federal, un chofer de ex funcionario público y un secretario particular.
Ninguno informó si los procesos derivaron en sentencias condenatorias contra los acusados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales, es el órgano responsable de investigar estos asuntos, donde también se sanciona a impartidores de justicia que demuestran una notoria ineptitud al emitir una resolución, lo que puede derivar en una amonestación, suspensión o destitución.
La iniciativa de reforma al PJF propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que estará integrado por cinco magistrados por un periodo de seis años y que no podrán ser reelegidos.
De ser avalada la propuesta, sus integrantes tendrán facultades para conocer, investigar y sancionar responsabilidades administrativas, pero también podrán presentar denuncias penales por la comisión u omisión de actos delictivos.
Ministros exponen sus posturas en Cámara de Diputados:
Casos desde el 2019
En 2019, el CJF destituyó al juez Anuar González Hemadi, por corrupción y por actuar en contra de constancias y errores inexcusables en el caso de la menor de edad Dafne “N”, quien presuntamente fue violada por un grupo de jóvenes de Veracruz conocidos como Los Porkys. La destitución fue confirmada en abril del presente año por la Corte.
También en 2019, la Corte ratificó la destitución de Jesús Guadalupe Luna Altamirano como magistrado federal, quien en su momento emitió fallos que permitieron la liberación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.
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El mismo año, el CJF destituyó a dos magistrados federales adscritos a Campeche por probables actos de corrupción y por notoria ineptitud. Se trató de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, quienes estaban comisionados al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.
En agosto de 2023, la Corte confirmó la destitución del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien actualmente enfrenta un proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por 12 millones 20 mil 474 pesos. Fue señalado por Estados Unidos de tener supuestos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Historial de la Corte
En la historia de la Corte, sólo un ministro se ha visto involucrado en un caso de corrupción y fue Ernesto Díaz Infante Aranda, por recibir un soborno de 500 mil dólares para influir en la decisión de los magistrados Gilberto Arredondo Vega y Eufemio Zamudio Alemán.
Lo anterior, porque en 1986, los magistrados otorgaron un amparo a Alejandro Braun Díaz, mejor conocido como El Chacal de Acapulco, acusado de violar y asesinar a la menor de seis años de edad, Merle Yuridia Mondain Segura, anulando así una sentencia de 30 años de prisión, lo que le permitió darse a la fuga.
Es de mencionar que, en julio de 2012, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR, ordenó detener a Juan Carlos de la Barreta Vite, quien fue secretario de estudio y cuenta del fallecido ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls Hernández.
Según las indagatorias de la SEIDO, de la Barrera Vite fue contactado por el abogado fiscalista Víctor Omar Martínez Ferrara, quien le solicitó información sobre el estado que guardaba el proceso contra Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa.
aag