El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) invierte en promedio cada año, dependiendo de su carga de trabajo, 98 millones 335 mil 222 pesos por la operación de un Tribunal Colegiado y 69 millones 813 mil 17 pesos por un juzgado de Distrito. Recursos que contemplan salarios, compra de equipo, papel, internet y pago por servicios, entre otros.
Actualmente, dos juzgados y dos tribunales especializados están la mira del gobierno de la Cuarta Transformación porque han frenado sus proyectos, motivo por el cual algunas voces proponen desaparecerlos.
Incluso, intentan ir más allá, porque se han pronunciado por evitar que el juicio de amparo pueda ser empleado para frenar los principios en materia de la "austeridad republicana", el funcionamiento de las empresas productivas del Estado y remuneraciones de servidores públicos.
En agosto se cumplirán ocho años de la operación de los dos juzgados y tribunales especializados en Materia Administrativa, Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión que tienen jurisdicción en todo el país y que se crearon a partir de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Lo anterior, con el propósito de fortalecer la capacidad regulatoria del Estado en ámbitos históricamente que generan litigios y de alta complejidad técnica.
Los dos jueces y seis magistrados que revisan dichos casos lo mismo han fallado, a favor o en contra, de órganos descentralizados y de las dependencias del gobierno. Con lo cual, se busca mantener un equilibrio entre las partes, que se respete la libre concurrencia y competencia, que no se viole la Constitución federal, y que se cumpla con los Tratados Internacionales firmados por México.
De acuerdo con información de la Secretaría Ejecutiva de Administración, así como de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, para el ejercicio fiscal del presente año el CJF tiene un presupuesto aprobado de 63 mil millones 178 millones de pesos.
En la Síntesis de la Información Relevante en Materia Administrativa del CJF de marzo de 2021, se establece que en el país hay 253 tribunales colegiados ordinarios y 19 auxiliares; así como 11 tribunales laborales; 98 tribunales unitarios y tres auxiliares; 426 juzgados de Distrito y 21 Auxiliares; un Centro Nacional de Justicia y 41 Centros de Justicia Penal.
Cambios conforme a la carga de trabajo
El costo de instalación de un Tribunal Colegiado es en promedio de alrededor 11 millones 749 mil 199 pesos; de un Tribunal Unitario siete millones 52 mil 999 pesos, y de un juzgado federal ocho millones 279 mil 446 pesos. En el país hay 666 jueces y 919 magistrados federales. Un juez federal percibe un sueldo neto mensual de 137 mil 668 pesos y un magistrado de circuito 150 mil 989 pesos.
Al 31 de marzo de este año, en Tribunales Colegiados existían 119 mil 378 asuntos; en dicho mes ingresaron 38 mil 194, por lo que su carga de trabajo se elevó a 157 mil 572, pero egresaron 28 mil 62, quedando por resolver 129 mil 510.
En el caso de los juzgados federales existían 168 mil 785, ingresaron 57 mil 429. La carga de trabajo llegó a 226 mil 214 asuntos; egresaron 53 mil 973, por lo que quedaban por resolver 172 mil 241.
Los jueces especializados
Los jueces en la mira de la Cuarta Transformación son: Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, titulares de los juzgados Primer y Segundo en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica.
La intención de desaparecerlos también afectaría a los Tribunales Colegiados encargados de la revisión de los asuntos en manos de estos jueces.
Los magistrados son: Eugenio Reyes Contreras, Gildardo Galizonga Esparza, Rosa Elena González Tirado, Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo, Pedro Esteban Penagos López y Urbano Martínez Hernández, los primeros tres adscritos al Primer Tribunal Colegiado, y el resto al Segundo Tribunal.
La molestia del actual gobierno tiene que ver con las resoluciones desfavorables en primera instancia en los siguientes casos: el aumento que avaló la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el servicio que deben pagar las plantas de generación privada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por transmisión de energía eléctrica; El freno al Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impedía la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico.
Así como la paralización de la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Secretaría de Energía. La suspensión del Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024, y recientemente la Ley de Hidrocarburos.
dmr