Al no contar con los permisos necesarios para operar, autoridades del municipio de Monterrey cerraron la Feria del Cohete ubicada en el sector de Solidaridad, que desde el día 30 de diciembre por la tarde comenzó a comercializar sus mercancías.
De acuerdo a reportes ciudadanos informaron que poco más de seis puestos ofrecieron desde temprana hora de este 31 de diciembre sus artículos, ante el llamado, se hicieron presentes alrededor de las 10 de la mañana personal de Protección Civil, del departamento Jurídico y de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey.
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Al llegar al sitio, personal municipal procedió a cerrar el lugar después de que los comerciantes no presentaran el amparo de carácter federal que decían poseer, así lo mencionó el coordinador de Protección Civil de Monterrey, Jaime Torres.
Luego de una acalorada discusión que se registró con los coheteros quienes insistieron tener un permiso que fue otorgado por el propio municipio, dicha versión fue descartada por el Gobierno regio a través de un comunicado.
“Al momento de corroborar ante la autoridad judicial correspondiente, se confirmó que se negó la suspensión provisional a los interesados, por lo que tienen prohibido comercializar pirotecnia en el municipio de Monterrey”, señaló el municipio.
Para evitar que se volvieran a instalar, en el lugar se dieron cita unidades de Protección Civil y de la Policía Regia, quienes están de manera permanente resguardando los 20 locales que se ubicaron sobre la avenida Cabezada.
Al respecto, los comerciantes presentes acusaron que las acciones emprendidas por el municipio tienen un tinte político y lamentaron que por ello tendrán pérdidas económicas muy importantes.
“Bajo ese poder legal siempre hemos trabajado, siempre, así operamos el año pasado, en ese entonces no era nada político y ahorita si lo están tomando político, en vez de que cierren lo que si contamina verdaderamente”, externó su molestia un vendedor que no quiso dar su nombre.
Es de destacar que durante la disputa que se presentó luego del cierre, trascendió que el documento que presentaron los quejosos está a nombre de Ismael Roldán, quien se ostentó como dueño del permiso en el cual se especificaba era “intransferible”.