El Clúster Energético de Nuevo León consideró que el esquema de arrendamiento de camiones para el transporte público planteado por el gobierno de Samuel García Sepúlveda tiene más interrogantes que certeza, además de ser inviable financieramente, así como también el modelo de negocio de pagar por kilómetro.
César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, señaló que hay varios vacíos que no han aclarado, además cuestionó sobre quién suministrará gas natural vehicular cuando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene dos años que no renueva, ni otorga nuevos permisos para estaciones.
“Es un problema de dinero, de inversión inicial, por ejemplo, un camión de diésel vale dos millones de pesos, un camión de gas natural vehicular cuesta cuatro millones de pesos y un camión eléctrico vale ocho millones de pesos. ¿Qué pelean los empresarios de transporte?, pues que un camión de diésel, que cuesta dos millones de pesos, en un crédito a tres años no es amortizable, o sea el modelo de negocio no jala.
"Entonces ellos proponían agarrar un camión viejo y transformarlo a gas natural vehicular con un costo de 800 mil pesos y otros 200 mil pesos para arreglar la carrocería, y que el gobierno les permitiera amortizarlo a siete años”.
Expresó que de esa forma sí sería rentable, porque la inversión inicial sería de 1.2 millones de pesos a pagar a siete años.
Por otro lado, expresó que no hay forma de saber los aumentos de gas natural, porque los comportamientos de éste y del diésel son totalmente diferentes.
"Otra interrogante es: ¿Quién va a garantizar que en tiempos malos de escasez de este combustible haya abasto?", expresó.
Cadena Cadena comentó que, en teoría, la garantía de suministro está en función de hacer de seis a 12 terminales de almacenamiento, pero dudó que se hagan, porque a nivel federal está todo detenido.
Recalcó que el transportista está ocupado en el modelo del diésel y consiste en tener el suministro en el mismo patio de las estaciones camioneras, lo cual tiene un costo de 340 mil pesos; sin embargo, detalló, instalar una compresora de gas vale 45 millones de pesos.
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“Y para rematar está la cereza del pastel, que son los permisos de la CRE. Nosotros, como clúster, le dijimos al gobierno que para que esta película jale, lo primero que necesitan es ir con la CRE y que den los permisos para almacenamiento y estaciones de carga de gas natural vehicular”, indicó.
Añadió que esa gestión la debe hacer el gobierno del estado directamente con la Comisión Reguladora de Energía y exponerle que quieren gasificar a Nuevo León en el transporte público, porque de lo contrario, dijo, no va a funcionar.
Recordó que la Ecovía funciona, porque tiene una estación de carga donde inicia y otra donde termina su recorrido.
En el caso de los camiones de gas, estimó, debe ser de la misma forma para que sea rentable.
"Y lo más importante: ¿Quién me va a garantizar el dinero del cliente al que le estoy suministrando el combustible?, porque en 100 camiones se consumen 25 millones de pesos de gas natural vehicular mensual?", destacó César Cadena.
El pasado 11 de diciembre, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León adjudicó el arrendamiento de 800 camiones de gas natural para el transporte público a un consorcio encabezado por la empresa Thousand International Companies, SA de CV (TICSA).
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) dio el fallo definitivo, al considerar que TICSA fue la empresa que más bajo precio dio por el arrendamiento, al lanzar una oferta de tres mil 936 millones de pesos por el contrato de cinco años.