Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron el pronunciamiento sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), aclararon que la Recomendación General 46/2022 no habla de transformar al árbitro electoral y señalaron que esta interpretación es exclusiva de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, la cual no comparte ni acompaña el Consejo.
“En ningún momento se discutió o se avaló lo que la CNDH interpreta ahora en su pronunciamiento, que ‘recomienda la transformación del INE’ o que el INE sea un órgano autónomo ‘únicamente de nombre, instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo que son las que han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales’”, destacaron.
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El documento, firmado por siete de los diez consejeros honorarios, solicita a la presidenta de la CNDH, apegarse estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas, cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, pues de lo contrario esta herramienta puede “desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”.
Luego de que la Comisión Nacional publicara el pronunciamiento DGDDH/081/2022, los integrantes del Consejo Consultivo mencionaron que las recomendaciones especificas al INE fueron asumir el compromiso de fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista económico social y su identificación y empatía con el pueblo de México.
Ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de los partidos políticos y principalmente asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos políticos electorales con un presupuesto austero y responsable reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados. Así como apoyar el desarrollo de la democracia participativa, promover y apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana.
Lo cual, detallaron, tiene relación con el recuento de hechos de lo acontecido entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a diversos derechos humanos en materia de democracia participación y protesta social.
LP