La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó sin efectos el acuerdo publicado en diciembre de 2014 que establecía la creación de la oficina para el Caso Iguala, que tenía la finalidad de "atender de manera prioritaria" la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de ese año.
A pesar de que la presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, había ordenado la desaparición de esta oficina en enero de 2020, para que la investigación y seguimiento sean asumidos por la Oficina General de la Primera Visitaduría, fue hasta hoy que se publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este documento establece que la primera visitaduría deberá encabezar los trabajos de acompañamiento a las víctimas y seguimiento para abordar el caso, así como brindar todas las condiciones materiales, asesorías jurídicas y atención para que se tenga "acceso a la verdad" y a la impartición de justicia.
Para esto, la CNDH pidió a la ex oficina que atendía el caso, entregar los expedientes de investigación a la Primera Visitaduría. Además, será la misma Comisión la que deberá modificar la estructura orgánica en términos del acuerdo, así como designar el presupuesto autorizado para dichos cambios.
En julio de 2019, la CNDH, que en ese entonces se encontraba dirigida por Luis Raúl González, informó sobre la presentación de seis denuncias penales y 12 administrativas contra funcionarios federales por el caso de los normalistas por lo que el organismo detalló la recomendación 15GV/2018 que detalla en 128 puntos realizar otras acciones en torno a la investigación y seguimiento del caso.
Por dicha recomendación, fue que Rosario Ibarra, junto a los padres de los normalistas, decidió la desaparición de la Oficina Especial del "caso Iguala".
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