La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50VG/2022, dirigida al fiscal general de Justicia del estado de Yucatán y al presidente municipal de Mérida, Renán Barrera,
por el caso de José Eduardo Ravelo, joven agredido por policías municipales de Mérida el 21 de julio de 2021.
Por estos hechos, la CNDH recomendó al fiscal general de Justicia de Yucatán continuar con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido contra José Eduardo, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron; así como de aquellas que las autorizaron o toleraron.
Así como coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven; colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General del estado de Yucatán, por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia practicada al cuerpo de la víctima.
Del mismo modo, llevar a cabo, en un periodo no mayor a seis meses, un diagnóstico respecto del estado que guardan las carpetas de investigación en las que se encuentran involucrados elementos de la Policía Municipal de Mérida en la comisión de conductas delictivas, para que sean debidamente integradas y determinadas; establecer en un periodo no mayor de tres meses, al interior de las agencias del Ministerio Público, una política de revisión periódica respecto de la determinación de averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con actos de tortura y ejecuciones arbitrarias.
Presidente municipal deberá emitir disculpa pública
Al presidente municipal de Mérida, Yucatán, le solicita ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares directos de la víctima, con motivo de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio, consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica, con motivo de la retención ilegal, y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida del joven.
Además, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se otorgue a la madre de la víctima una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.
Así como que en un término no mayor a 30 días, la madre de la víctima y los demás familiares directos que hubiesen sufrido alguna afectación emocional, con motivo de las violaciones a derechos humanos, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas, así como de la Ley de Víctimas del estado de Yucatán.
Del mismo modo, que apoye en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las conductas delictivas cometidas en agravio de la víctima, colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, en contra de los elementos de policiales que participaron directa e indirectamente en la retención ilegal de la víctima, los actos de tortura a los que fue sometido y el uso excesivo de la fuerza que derivó en su deceso.
Así como del médico adscrito a esa dependencia, por la omisión de brindarle la asistencia médica que requería con motivo de las agresiones físicas que se le infligieron y que dé seguimiento a la queja que se formule ante la Contraloría del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en contra de del Juez Calificador.
¿Qué le pasó a José Eduardo?
El 16 de agosto de 2021, la CNDH recibió una queja formulada por una persona defensora de derechos humanos en la que señaló que, el 21 de julio de ese año, elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, detuvieron a un joven cuando caminaba por calles del Centro Histórico de ese ayuntamiento, quienes lo trasladaron a las instalaciones de la comandancia, donde fue torturado, causándole lesiones graves que derivaron en su posterior fallecimiento.
La madre de la víctima solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY), lo que motivó posteriormente la radicación del expediente de queja respectivo; así mismo, la Fiscalía General de esa entidad inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio cometido en agravio de la víctima.
Ante la gravedad de los hechos, la CNDH ejerció la facultad de atracción para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la víctima; con motivo de la investigación de los hechos, la Comisión Nacional contó con elementos suficientes para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica.
JLMR