La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 35/2021 en la que exhorta a todos los gobernadores del país, al comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como al secretario de la Defensa Nacional garantizar el acceso a una gestión e higiene menstrual digna a las mujeres privadas de la libertad.
En la Recomendación 35/2021 se solicita a las autoridades mencionadas incluir en el próximo proyecto de presupuesto de egresos, la propuesta para asignar a las autoridades penitenciarias el recurso específico para la adquisición de elementos de gestión menstrual suficientes, a fin de que se les dote o continúe otorgando de tales productos de manera gratuita, mensualmente o cuando sea necesario, a todas las internas y mujeres que accedan a visita a los centros penitenciarios.
Además, se pide que en colaboración con el Sector Salud de cada entidad federativa, se refuercen y ejecuten todas las acciones y programas necesarios para brindar máxima protección al derecho a la salud sexual y reproductiva de las internas, con perspectiva de género, incluyendo el acceso irrestricto a la especialidad de ginecología.
De igual forma, realizar las acciones necesarias para la recolección, almacenaje y destino de las toallas, compresas y demás desechos sanitarios relacionados con la gestión menstruante, dotando de los espacios específicos para ello y evitar la exposición y riesgo sanitario.
Durante diversas visitas efectuadas por personal del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) a los centros penitenciarios del país que albergan mujeres, se encontró que hay restricción y dificultad para el acceso a las toallas femeninas, y en la mayoría no se garantiza el acceso y el abasto suficiente.
Aunado a lo anterior, las autoridades penitenciarias de diferentes estados reconocen que no existe una partida presupuestal para adquirir los enseres menstruales, por lo que para la mayoría se distribuye lo que se recibe en donaciones o son los familiares quienes tienen que obtenerlas.
Por ello, el 10 de noviembre de 2020, la CNDH inició de oficio la investigación y ejerció la facultad de atracción al estar involucradas autoridades de carácter local. Se solicitó información a las autoridades penitenciarias de las 32 entidades federativas, a Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
De las constancias recabadas durante la integración del expediente se confirmó que en la mayoría de los estados no se cuenta con una partida presupuestal específica para la adquisición de elementos de gestión menstrual, que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a las mujeres privadas de la libertad.
En algunas entidades, la adquisición de tales productos se contempla dentro del presupuesto o gastos en general designados al centro penitenciario del que se trate, o en su caso, están incluidos en programas o partidas presupuestarias asignadas a material sanitario, de limpieza o medicina y productos farmacéuticos, lo cual de acuerdo con la CNDH no dignifica el proceso que implica su periodo con el uso adecuado de su higiene menstrual.
Así también, el informe señala que una de las vías para que las mujeres accedan a elementos de gestión del período, principalmente las toallas femeninas, es mediante la compra en tiendas al interior de los centros penitenciarios, a costos poco accesibles para ellas.
En ese sentido, la Comisión Nacional destacó que una gestión menstrual digna no solo implica el acceso a los insumos, sino a espacios dignos y de suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable, asequible, ininterrumpido y equitativo, como factor determinante para ello.
Sin embargo, en centros penitenciarios de estados como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco, no se cuenta con espacios dignos para la higiene de las internas; en otras como la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas, se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua.
KGE