La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 121/2022 al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo de Jesús Peimbert, por el asesinato del periodista Gustavo Sánchez, pues consideró que sus derechos fueron violados y la protección que requirió no fue brindada.
“Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”, explicó.
La CNDH inició por oficio la integración del expediente de queja, y constató omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, 15 personas servidoras públicas: 11 de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad.
La CNDH documentó que Gustavo Sánchez sufrió y denunció agresiones, amenazas y ataques de abril a noviembre de 2020, también había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al mecanismo de protección.
Por ello, la Comisión Nacional determinó que existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad del periodista.
“Las autoridades responsables omitieron cumplir con el deber de cuidado en apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a los procedimientos que establece su reglamento, con lo que se acredita que el desempeño como servidores públicos fue negligente.
"Este Organismo Nacional advierte, además, la preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”, dijo.
La CNDH pidió a Segob, al gobernador de Oaxaca y al fiscal general de la entidad reparar integralmente el daño a la familia de Gustavo Sánchez, misma que deberá incluir una compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas, y otorgarles la atención psicológica que requieran, derivado de la violación a sus derechos humanos, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional, en un lugar accesible y con su consentimiento.
JLMR