La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 103/2022 al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio de Samir Flores, quien presuntamente fue asesinado por personas servidoras públicas de la fiscalía estatal por oponerse al proyecto de construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.
La Comisión Nacional recomendó al fiscal de Morelos que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado, brindar reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso, que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
- Te recomendamos CNDH y organizaciones dan seguimiento a programa de derechos humanos de presos Política
También pidió que se otorgue atención médica, psicológica y tanatológica que requieran las víctimas, y colaborar en la presentación y seguimiento ante la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos con la denuncia administrativa que este Organismo Nacional interponga en contra de tres personas servidoras públicas del personal ministerial que han participado en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.
Del mismo modo, solicitó que emita una circular al personal ministerial que integra la carpeta de investigación para que lleven a cabo sus funciones bajo su marco normativo y se otorgue las facilidades necesarias al personal de organismos de protección de derechos humanos para realizar las consultas respectivas.
Samir era dirigente de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, y colaborador de la estación de radio comunitaria de la localidad. Fue asesinado el 20 de febrero de 2019, al recibir cuatro disparos de arma de fuego afuera de su domicilio, por lo cual, la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación por privación de la vida de la víctima.
Posterior a los hechos, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil informaron que la víctima había cuestionado al delegado de Bienestar Social durante la asamblea informativa sobre la consulta de la Termoeléctrica en Jonacatepec, Morelos, ante funcionarios estatales y federales. Sin embargo, y pese a su activismo, las autoridades ministeriales no citaron a declarar a los involucrados ni tuvieron como línea de investigación el activismo de la víctima.
Entre las irregularidades y omisiones cometidas por las personas servidoras públicas que han impedido el esclarecimiento del caso, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a una persona el homicidio , quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba privado de su libertad por diversos delitos, además de agregar, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
Meses después del asesinato de la víctima, se integró este testimonio a la carpeta de investigación, el cual sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien, ya se encontraba en prisión por otros ilícitos contenidos en una carpeta de investigación diferente por tentativa de homicidio, posesión simple de droga y delitos cometidos por conductores de vehículo de motor.
A pesar de los requerimientos de colaboración de la CNDH a diversas autoridades responsables de la Fiscalía Especializada de Homicidios, no tuvo acceso oportuno a la carpeta de investigación ni a los testimoniales de los testigos, con el argumento de la secrecía de la investigación o que la CNDH no era parte interesada.
Del análisis lógico-jurídico del expediente, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la Fiscalía Estatal de Morelos en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de
Samir, por lo que señaló que es necesario continuar con la integración de la carpeta y tomar en cuenta, entre otras líneas de investigación, el antecedente de que la víctima era defensora de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositora al proyecto termoeléctrico.
LCR