La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 36VG/2020 por Violaciones Graves a los derechos humanos por el caso de 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina; 12 de las víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
El organismo dirigió la recomendación al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca; y al presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Óscar Rivas Cuéllar y pidió que se brinde la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación con motivo de la afectación por la desaparición forzada cometida en agravio de las 27 víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas.
Ese organismo acreditó que personal de la Secretaría de Marina transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la verdad y al acceso a la justicia, de las 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas, sus familiares y otros testigos de las detenciones.
En diversas fechas comprendidas en el periodo de febrero a junio de 2018, y en septiembre de ese año, la CNDH recibió múltiples quejas sobre esos acontecimientos, en las cuales familiares refirieron que al no saber de los detenidos acudieron a las Bases de Operaciones de la Semar instaladas en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la delegación de la FGR en Tamaulipas, a hospitales y funerarias, pero no lograron obtener información sobre el paradero de las víctimas.
La Comisión Nacional cuenta con elementos de convicción sobre esas violaciones a los derechos humanos por hechos consistentes en la desaparición forzada de las 27 personas; por las ejecuciones extrajudiciales de 12 de ellas, las cuales no han sido esclarecidas por parte de las respectivas autoridades.
La CNDH también recomendó que se realicen las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las 15 personas que siguen desaparecidas, se coadyuve en la búsqueda efectiva, para lograr su localización inmediata y la presentación con vida, o de ser el caso, y con el mismo carácter, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares.
En lo particular, al secretario de Marina se pide colaborar ampliamente en la queja que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, contra los elementos navales involucrados en los hechos que se consignan en la presente recomendación, incluyendo a los que negaron la detención y a los que han ocultado información sobre los hechos.
Al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Nuevo Laredo, les pide entre otras cosas, implementar en un plazo razonable, políticas públicas adecuadas encaminadas a combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en la región; implementar, en el ámbito de sus competencias, políticas públicas y programas para el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales estatales y municipales.
Y al fiscal General de la República se le recomienda instruir para que se continúe con las investigaciones iniciadas con motivo de las desapariciones forzadas de esas personas, de forma exhaustiva.
jlmr