La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 49/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por vulnerar el derecho humano a la protección de la salud en contra de 31 personas privadas de la libertad que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, en Michoacán.
Cinco personas recluidas en el Cefereso 17 promovieron ante la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio una controversia judicial por falta de atención médica especializada. El 13 de agosto de 2021, la jueza adscrita al Centro de Justicia Federal de Michoacán dictó una resolución que mandataba a las autoridades del penal para que, en el ámbito de sus competencias, se adoptaran medidas especiales o afirmativas que garantizaran el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad.
La CNDH integró el expediente de queja en el que se logró documentar que las peticiones de los reclusos para recibir atención médica y medicamentos especializados no son hechos aislados, y que, hasta el momento, las personas privadas de la libertad siguen siendo víctimas de la falta de acceso oportuno a servicios médicos, lo que repercute en su estado de salud.
Además, acreditó que el servicio médico del Cefereso carece de personal suficiente para garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, debido a la falta de profesionales y especialistas en materia de medicina general, psicología, psiquiatría, traumatología, dermatología, gastroenterología, nutrición y urología, lo que provoca retraso en la prestación del servicio, pues se brinda atención únicamente cuatro días a la semana.
Entre las personas promoventes de las controversias, se encuentran algunas con discapacidad psicosocial, lo que implica que el retraso en el diagnóstico, tratamiento y, en su caso, la ausencia o abuso en la medicación especializada puede colocarlas en riesgo.
La defensoría también comprobó que no se ha asignado cuando menos a un especialista por cada una de las ramas, que ya se habían requerido en la resolución de la jueza, y que tampoco se ha gestionado un traslado oportuno a hospitales de segundo y tercer nivel, ni se ha autorizado el ingreso de personas médicas especialistas al Cefereso que, de manera externa, brinden la atención que requieran las personas privadas de la libertad.
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Por ello, solicitó al titular del OADPRS realizar los trámites necesarios y acciones contundentes para que el centro penitenciario disponga de personal médico suficiente, incluido el de especialidades, acorde a las necesidades de salud que imperen en la población penitenciaria de este establecimiento, determinar y resolver sobre la procedencia o viabilidad de trasladar a las víctimas que reúnan el perfil para ser ingresados en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; y que se dote al Cefereso de los medicamentos necesarios y suficientes que cubran las necesidades de tratamiento que requieren las personas de acuerdo con sus padecimientos.
LP