La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abdicó su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en el Senado de la República a la Guardia Nacional.
En un pronunciamiento, la CNDH informó que se sumará a la ejecución de las reformas, mediante su observación y monitoreo, atendiendo las quejas que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan.
Sin embargo, dijo que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues, acorde con la Constitución y los estándares internacionales, la participación de cuerpos castrenses es dable de realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas en las reformas a las Guardia Nacional.
La CNDH señaló que también impulsará acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que "en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada", se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.
La Comisión Nacional aseguró que del mes de diciembre de 2021 a la fecha, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han dejado de aparecer entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja, por lo que confía que estas reformas se sumen a la estrategia de seguridad del gobierno federal para atender la violencia en el país.
"La CNDH reitera su compromiso de velar por la máxima protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, por lo que permanecerá atenta a la implementación de las reformas aprobadas y a la actuación de la Guardia Nacional, ejerciendo sus atribuciones, sin reservas ni limitaciones, en el marco del respeto a nuestro orden Constitucional", expresó.
Además detalló que promoverá una reforma constitucional con el objeto de afianzar el carácter civil del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y un marco legal adecuado que asegure y de certeza de que el titular del Poder Ejecutivo, sea del partido que sea, "jamás vuelva a utilizar a las fuerzas armadas en el control político de la disidencia o en acciones de represión contra el pueblo".
Esto para garantizar que "ninguna fuerza armada pública del Estado sea utilizada de manera discrecional y arbitraria, dependiendo de la personalidad y compromisos del gobernante en turno"; adelantó que se reunirá con legisladores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Sedena para sumar su consenso.
EHR