Tras los hechos de violencia ocurridos el 21 de febrero en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal a que los traslados de personas privadas de su libertad se realicen en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos.
La CNDH pidió que, ante la programación de un traslado, se respete el principio de legalidad, ya que estos deben ser “autorizados y supervisados por autoridades competentes”. Asimismo, se debe tomar en cuanta su obligación de informar a su familia, generar registros serios, transparentes y oficiales sobre todos aquellos datos identificables respecto del lugar o lugares de destino e identidad de las autoridades ordenantes, ejecutoras y receptoras.
Por ello, exhortó a que, en la ejecución de dichos traslados, por ningún motivo debe generarse ningún contexto que ponga en riesgo o peligro la integridad personal o la vida de las personas internas, pues la comisión ha documentado que se violan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad con la justificación de mantener la seguridad de la movilización y evitar la evasión de las personas.
A través de diversas recomendaciones emitidas, entre ellas la 081/1996 y 15/2017, la CNDH se ha pronunciado sobre presuntas violaciones cometidas en la ejecución de traslados de personas internas que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio.