La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar seguimiento a las denuncias presentadas por los periodistas y defensores de derechos humanos que refirieron haber sudo víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de un programa denominado Pegasus.
TE RECOMENDAMOS: ¿Qué mensajes recibieron los periodistas presuntamente espiados?
En un comunicado, el organismo pidió que se instruya al personal para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia y solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación y a la propia PGR, que en caso de poseer programas para intervenir comunicaciones se abstengan de emplearlos fuera del orden jurídico constitucional.
Y que en caso de haber obtenido información a través de este tipo de programas sea valorada su legalidad por las instancias competentes.
La CNDH recibió un escrito de queja presentado por diversos periodistas y defensores de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de espionaje mediante un equipo presuntamente adquirido por distintas dependencias del gubernamentales, lo que vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados, por lo que solicitaron la implementación de medidas cautelares.
La comisión tuvo conocimiento del reportaje publicado el 19 de junio en el diario norteamericano “The New York Times”, que en su versión en español lleva por título “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, así como del contenido del informe difundido ese mismo día por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Article19 (Oficina para México y Centroamérica) y la organización SocialTIC titulado “Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, donde mencionan los antecedentes del programa Pegasus y los casos documentados contra periodistas y organizaciones sociales.
TE RECOMENDAMOS: PGR investiga presunto espionaje a periodistas
Entre las personas afectadas están los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo Emiliano, entonces menor de edad; Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y su esposa, así como representantes legales de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En México, la intervención de las comunicaciones no está prohibida, pero la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es una violación a los derechos humanos y un delito que debe ser investigado y sancionado.
Preocupa a Redim espionaje contra hijo adolescente de Carmen Aristegui
La Red por los derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su preocupación por la violación a la privacidad de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, en especial por el espionaje en contra de un adolescente de 16 años, debido a la labor periodística de su madre, Carmen Aristegui.
La organización exigió invesigar y sancionar a las autoridades que resulten responsables de este hecho que “atenta, una vez más, contra la libertad de expresión y la vida democrática del país”, expresó el director, Juan Martín Pérez.
Recordó que el intento de instalación del software espía en el teléfono del adolescente viola el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que señala que: "no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
OVM