La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la recomendación emitida por el organismo en 2018, durante la administración de Enrique Peña Nieto, sobre el caso Iguala revictimizó a las víctimas y acuso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) oculto información importante.
El organismo informó que la recomendación emitida el 28 de noviembre de 2018, durante la gestión de no cumplió con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, asimismo detalló que no se hicieron las recomendaciones pertinentes por parte de las autoridades involucradas.
"El 28 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 15VG/2018, relacionada con la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, ventilados en el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG."
La investigación estuvo a cargo de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, la cual fue extinguida el 29 de enero de 2020, mediante acuerdo de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, con el objeto de que la Primera Visitaduría General y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, retomaran el acompañamiento de las víctimas, brindándoles todas la condiciones materiales, asesoría jurídica y atención para tener acceso a la verdad y a la impartición de justicia, y llevando a cabo el análisis del expediente, con la finalidad de valorar el alcance de la recomendación y encontrar la forma de que se avance en la conclusión de las investigaciones, añadió la defensoría nacional.
¿Por qué la CNDH revictimizó ?
En un comunicado, la CNDH informó que el 14 de febrero de 2020, la nueva administración recibió el expediente de seguimiento de la recomendación 15VG/2018, por lo que después de un estudio a fondo de este, se encontró que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas.
Se encontró que en la recomendación revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, expuso la defensoría nacional.
La CNDH encontró que durante la gestión de Luis Raúl González Pérez emitieron la recomendación sin tomar en consideración lo siguiente:
Los elementos probatorios que integran el expediente de queja CNDH/1/2014/6432/Q/VG, ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y no obstante, se dirigieron recomendaciones poco contundentes. Ejemplo: las hechas a la Secretaría de la Defensa Nacional, los ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero, con puntos recomendatorios notoriamente desproporcionados a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Según la defensoría nacional, los puntos recomendatorios dirigidos en específico a la Sedena no refirieron una investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por esta CNDH, tuvieron participación protagónica en los hechos durante los hechos de Iguala
La CNDH actual acusó a la administración de González Pérez de ocultar información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los elementos de la Sedena.
Existen autoridades de las cuales se identificó su participación en los hechos, que no fueron recomendadas como correspondía, expuso la de CNDH. Ejemplo de ello, explicó, el caso de los ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco; lo que resulta incongruente ya que dentro de la misma recomendación quedó constancia, ya que su actuación fue constitutiva de violaciones a derechos humanos, lamentó.
Específicamente respecto al Ayuntamiento de Huitzuco, los elementos de prueba señalan que algunos de los estudiantes fueron trasladados a ese Ayuntamiento, participando elementos de policías federal, estatal y municipal, lo cual no se abordó en la recomendación.
La CNDH aseguró que no se escuchó a las víctimas, ni se respetaron sus derechos, antes de la emisión de la citada recomendación, dejando de lado los cinco puntos imprescindibles de la investigación, que los padres de los 43 normalistas demandaron para llegar a la Verdad y la Justicia:
1. Búsqueda en vida
2. Ejército mexicano
3. Huitzuco
4. Telefonía celular
5. El trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
No se señaló como punto recomendatorio a la Fiscalía General de la República el garantizar el acceso a la información de las líneas de investigación que se fueran agotando, y a las que continúan en investigación, ello a fin de que las víctimas en todo momento conozcan los avances en las investigaciones de los hechos.
"Se denigró, criminalizó y estigmatizó a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes y con ello la CNDH revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, tanto de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, como de todas las Normales Rurales", detalla el comunicado de la CNDH.
¿Cuáles acciones tomará la CNDH actual?
La CNDH consideró pertinente revisar su propia actuación, escuchando en todo momento a las víctimas de los hechos, con la finalidad de que se garanticen sus derechos, se investigue de manera puntual las presuntas violaciones a los derechos humanos de los estudiantes desaparecidos, sus familiares y quienes tengan derecho a ser escuchados, con una perspectiva de derechos humanos. Se concluirá con el seguimiento de los puntos que abonen al esclarecimiento y el paradero de los 43 normalistas, con la participación directa de las víctimas.
Lo anterior con base en el artículo 1° constitucional, correlacionado con el 102 b, y su interpretación conforme a los tratados internacionales, que da sustento procesal a este organismo para exigir que los responsables de violar derechos humanos sean sometidos a los procesos y sentencias respectivas para terminar con la impunidad que lastima la dignidad, primeramente, de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la de todos los mexicanos.
La CNDH manifestó su más amplia colaboración y apertura con las víctimas para brindar las facilidades que, en el ejercicio de sus funciones, permita esclarecer los hechos del caso, mediante la implementación de una estrategia proactiva con un nuevo enfoque, y convicción de la justa causa, para lo cual se acordó con ellas:
Llevar a cabo reuniones periódicas para el intercambio de información y Entrega de avances; darles acceso al expediente y a toda la información en poder de la CNDH coadyuvar con las investigaciones que están abiertas.
Además, en este replanteamiento del actuar de la Comisión se involucrará al Programa de Presuntos Desaparecidos, con la finalidad de que coadyuve, sin desvíos, con el objetivo primordial: la búsqueda en vida de los normalistas desaparecidos.
JLMR