La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades en la materia, a nivel estatal y federal, realizar acciones en favor de las mujeres privadas de la libertad que enfrentan un proceso o han sido sentenciadas por el delito de aborto.
A esta medida también se suman aquellas quienes estén relacionadas con delitos análogos para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos en observancia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona y no discriminación.
“Para esta Comisión Nacional es sumamente preocupante que, mujeres se encuentren posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a una cultura patriarcal o religiosa”, detalló la CNDH.
A partir de la resolución emitida en septiembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, la CNDH observó la necesidad de conocer y dar seguimiento a aquellos casos de mujeres privadas de la libertad que enfrentan procesos o sentencias con motivo de la comisión del delito de aborto o de delitos análogos, de acuerdo con las legislaciones estatales, que en el fondo penalizan o penalizaron la conducta relativa a la interrupción del embarazo.
Durante octubre de 2021, la Comisión Nacional realizó solicitudes de colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Coordinación de Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, en específico al CEFRESO N°16; así como, a las 32 autoridades de los sistemas penitenciarios estatales del país, para conocer las acciones sustantivas que se han realizado, o que se están implementando, para dar debida atención al criterio emitido por la SCJN.
De las respuestas emitidas tanto de los sistemas penitenciarios a nivel federal como estatales, la CNDH observó discordancia en la información brindada, puesto que dichas instancias manifestaron que, debido a la inexistencia de mujeres privadas de la libertad por ese delito, la autoridad no había realizado acciones para brindar información a las personas privadas de la libertad de la sentencia emitida.
Sólo el sistema penitenciario del estado de Oaxaca informó el caso de una mujer privada de la libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula, por el delito de aborto, entre otros, quien ingresó en el 2018, encontrándose a disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Sin embargo, a través de información de otras fuentes, la CNDH alertó sobre la posible existencia de mujeres en reclusión por tales delitos.
La CNDH pidió a cada autoridad que en el ámbito de sus competencias, realicen acciones conjuntas urgentes que permitan identificar a todas las mujeres que se encuentran enfrentando un proceso o una sentencia en prisión por la comisión de ese delito a fin de que accedan a la interposición de recursos legales que de manera pronta les permita obtener su libertad.
Además, urgió a impulsar reformas, modificaciones o derogaciones en torno de aquella normatividad contenida en legislaciones de las entidades federativas del país que aún son regresivas.
Estas leyes deben transitar a nuevo paradigma, con perspectiva de género, que permitan sin restricciones de carácter sanitario o penales acceder de manera voluntaria, anónima, gratuita, libre de violencia institucional y conforme a servicios sanitarios de calidad a la interrupción del embarazo en beneficio de las mujeres sin discriminación alguna sin importar edad, estado civil, nivel socioeconómico, educativo, religión, origen étnico, cultura, orientación sexual.
scsa