Tras los hechos de violencia en el municipio de Oxchuc, en el estado de Chiapas, durante la celebración de las elecciones para la conformación de su Ayuntamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación y ampliación de medidas cautelares para salvaguardar la seguridad, vida, libertad e integridad física de sus habitantes.
Las medidas cautelares fueron solicitadas al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a las titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, así como también al fiscal general del estado y al comandante de la Guardia Nacional.
El miércoles 15 de diciembre, previo a que se llevará a cabo la Asamblea Única para la elección por usos y costumbres de autoridades municipales en Oxchuc, la CNDH emitió las medidas cautelares a diversas autoridades del estado, como respuesta a un escrito de queja emitido el día 11 de noviembre por la Asociación Estatal de los Pueblos Indios A.C.
En el que solicitaron que las instituciones responsables de la elección valorarán los derechos de los ciudadanos que exigen su participación en el proceso del nombramiento de las nuevas autoridades para el próximo periodo.
Sin embargo, ante la violencia ocurrida, luego de registrarse enfrentamientos entre los pobladores del municipio, la Comisión Nacional solicitó la ampliación de dichas medidas cautelares, al considerar que esta situación podría agravarse en las próximas horas ante la incertidumbre de la elección.
La CNDH solicitó al gobierno estatal y a la Guardia Nacional que, en coordinación con las instituciones y dependencias de los tres niveles de gobierno, instalen de manera permanente módulos de vigilancia en la comunidad e informen puntualmente sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares.
Al titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas se le solicitó realizar las investigaciones correspondientes y determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas; garantizar la máxima protección a las personas que resultaron lesionadas.
Estas medidas cautelares deberán implementarse por el plazo de treinta días, mismo que podrá prorrogarse en caso de ser necesario, previo a la valoración de los hechos.
GAC