Frente al debate nacional sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, planteó que la discusión no debe reducirse a una prohibición generalizada, sino avanzar hacia una regulación diferenciada que tome en cuenta la edad de los estudiantes, los propósitos pedagógicos, la seguridad digital y las condiciones particulares de cada comunidad escolar.
La postura surge en momentos en que el gobierno federal abrió una consulta entre más de un millón de maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria para conocer su opinión sobre una eventual regulación nacional del uso de celulares en los planteles.
La Secretaría de Educación Pública instruyó a que la consulta se realice durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que arranca la semana de este lunes 24 de agosto, como parte de los trabajos para elaborar una propuesta sobre el uso de plataformas digitales, redes sociales y dispositivos entre niñas, niños y adolescentes.
Los docentes de educación básica de la sección 9 de la CNTE reconocen que los dispositivos electrónicos, las plataformas educativas, las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial forman ya parte de la vida cotidiana y sostienen que la escuela no puede mantenerse al margen de esa transformación.
Sin embargo, advierten que la incorporación de la tecnología debe responder a objetivos educativos claros y no convertirse en un fin por sí misma.
“Las y los docentes de educación básica no estamos en contra de la tecnología. Estamos a favor de una tecnología con sentido educativo y humano”, señala el posicionamiento.
Entre las principales inquietudes planteadas por el magisterio se encuentran los posibles efectos del uso excesivo o indiscriminado de dispositivos sobre la atención, la concentración, la convivencia, la comunicación interpersonal y los procesos de aprendizaje.
Los docentes sostienen que la discusión debería ir más allá de medir cuánto tiempo utilizan los estudiantes un teléfono o una tableta y preguntarse también para qué los emplean, qué contenidos consumen, qué actividades están desplazando y qué repercusiones tienen sobre sus relaciones y su bienestar.
El planteamiento coincide con algunas de las advertencias recogidas por la Unesco en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2023. El organismo señala que la evidencia sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación todavía es limitada y que un uso inadecuado o excesivo puede generar distracciones y reducir la interacción humana. También ha identificado una relación negativa entre el uso excesivo de tecnologías de información y determinados resultados educativos.
Por ello, los profesores consideran pertinente establecer momentos, actividades y espacios escolares libres de dispositivos, sobre todo en los primeros niveles de educación básica.
“No todo aprendizaje necesita una pantalla”, sostiene el documento.
La propuesta parte de considerar que la lectura, la escritura, el juego, el movimiento, la experimentación, la conversación, el trabajo colectivo y la resolución presencial de conflictos son experiencias fundamentales que no deberían ser sustituidas por interacciones digitales.
Regular según la edad y el propósito
A diferencia de una prohibición absoluta, los docentes proponen establecer criterios diferenciados para determinar cuándo y cómo pueden utilizarse teléfonos, tabletas, computadoras y otros dispositivos.
Entre los elementos que sugieren considerar se encuentran la edad y etapa de desarrollo del estudiante, el propósito pedagógico, los momentos y espacios de utilización y las necesidades particulares de cada comunidad escolar.
También plantean incorporar medidas relacionadas con la protección de datos personales y de la imagen de niñas, niños y adolescentes, prevención del ciberacoso, acceso a contenidos inapropiados, exposición excesiva a redes sociales y formación de docentes y familias.
La regulación tendría que contemplar además excepciones para estudiantes que necesiten recursos tecnológicos por motivos educativos o de accesibilidad.
La Unesco ha recomendado precisamente que las decisiones sobre tecnología educativa se adopten de acuerdo con cada contexto y con participación de docentes y estudiantes, además de evaluar previamente si su empleo es apropiado, equitativo, sostenible y realmente aporta al aprendizaje.
Seguridad digital, otro eje de la discusión
El posicionamiento docente también pide que el debate trascienda lo que ocurre físicamente dentro de las aulas y considere los riesgos asociados con redes sociales y plataformas digitales.
Como ejemplo, cita el estudio Disrupting Harm México, presentado en junio de 2026 por Unicef, ECPAT International e Interpol.
La investigación encontró que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitados por tecnologías digitales durante un periodo de un año, equivalente a alrededor de 1.6 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años.
Para los docentes, datos de esta naturaleza muestran que la alfabetización digital no puede limitarse a enseñar a manejar dispositivos.
Las escuelas deberían contribuir también a que niñas, niños y adolescentes aprendan a proteger sus datos y su imagen, reconocer situaciones de riesgo, responder ante el ciberacoso, identificar información falsa, denunciar situaciones de violencia y actuar responsablemente frente a los contenidos digitales.
Familias y autoridades también deben asumir responsabilidad
Otro de los planteamientos centrales es evitar que la responsabilidad por el uso de dispositivos recaiga exclusivamente sobre las escuelas.
Los profesores consideran que cualquier política debe involucrar conjuntamente a autoridades educativas, familias, estudiantes, docentes y sociedad.
En el ámbito familiar, proponen sustituir la instrucción simple de “deja el celular” por una educación orientada a decidir cuándo utilizarlo, durante cuánto tiempo, con qué propósito y bajo qué condiciones.
Esto supone acompañamiento, límites, supervisión de contenidos, protección de la privacidad y construcción de hábitos digitales saludables.
Los docentes reconocen además la necesidad de revisar sus propios comportamientos y los del resto de los adultos, al considerar contradictorio exigir un uso responsable de la tecnología a los estudiantes mientras los mayores mantienen una relación permanente con sus dispositivos.
La postura magisterial advierte que niñas, niños y adolescentes crecerán en un entorno cada vez más relacionado con inteligencia artificial, algoritmos, plataformas y redes sociales, por lo que retirar los dispositivos de las escuelas no resolvería por sí solo los desafíos asociados con la digitalización.
En consecuencia, propone incorporar una verdadera formación en ciudadanía digital que permita buscar y seleccionar información, evaluar fuentes, identificar contenidos manipulados, proteger datos personales, comprender el funcionamiento de algoritmos, utilizar redes sociales responsablemente y emplear herramientas de inteligencia artificial de manera ética.
También plantea la necesidad de que las escuelas cuenten con infraestructura tecnológica funcional y de que los docentes reciban actualización y capacitación.
Entre la prohibición y la permisividad
El documento resume la postura docente en cuatro: regular, acompañar, formar y evaluar.
Para el magisterio, una eventual política nacional debería evitar dos extremos: una prohibición absoluta que impida aprovechar usos educativos pertinentes y una permisividad total que exponga a los estudiantes a riesgos para los cuales todavía pueden no contar con herramientas suficientes.
“Tecnología con propósito educativo, tecnología con límites, tecnología con acompañamiento, tecnología con responsabilidad”, sintetizan.
Docentes incluyen el derecho a la desconexión digital
El posicionamiento introduce además un tema que amplía el debate más allá del alumnado: el derecho del personal educativo a la desconexión digital.
Los docentes señalan que el uso cotidiano de WhatsApp, correo electrónico, llamadas y otras plataformas ha desdibujado en algunos casos los límites entre la jornada laboral y el tiempo personal.
Por ello, plantean que las comunidades escolares establezcan horarios y canales claros de comunicación y que, como regla general, las solicitudes administrativas, envío de documentos, atención de mensajes o reuniones virtuales se desarrollen dentro de la jornada correspondiente.
La propuesta no plantea eliminar toda comunicación fuera de horario, sino diferenciar situaciones excepcionales de una expectativa habitual de disponibilidad permanente.
“La tecnología debe facilitar nuestro trabajo, no convertirnos en trabajadores disponibles las 24 horas”, advierte el documento.
Para los profesores, este punto forma parte de una discusión más amplia sobre la relación que la comunidad escolar —estudiantes, docentes y familias— debe construir con las herramientas digitales.
En ese sentido, sostienen que la pregunta de fondo del debate nacional no debería limitarse a determinar si un teléfono puede o no permanecer dentro de una mochila.
La discusión, concluyen, debe centrarse en qué tipo de personas pretende formar la escuela en una sociedad cada vez más digital y cómo conseguir que las nuevas generaciones utilicen la tecnología de manera crítica, ética, responsable y consciente, sin sustituir aquellas experiencias humanas que constituyen una parte esencial del proceso educativo.
LG