Por determinación de la Fiscalía General de Coahuila, desde la tarde del pasado viernes activistas afines al senador Napoleón Gómez Urrutia, secretario general y presidente vitalicio del Sindicato Nacional Minero, asumieron de facto el control de la localidad minera de Hércules, Coahuila, denunció el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros.
El dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, Rolando Torres, señaló que desde hace un par de meses los activistas empezaron a obligar a abandonar la zona a los dirigentes sindicales y sus familias, se posesionaron de la única entrada a la localidad y controlan con retenes ilegales la terracería que la une con Camargo, Chihuahua.
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Con esto se está impidiendo el ingreso de trabajadores y sus familias que consideran adversarios e incluso agredieron físicamente a quienes intentaron entrar pese a su negativa.
Rolando Torres informó que tras la visita hecha a la zona el viernes por el fiscal Gerardo Márquez y el comandante de la 47 Zona Militar de Piedras Negras, General Fidel Mondragón, los “napistas” recorrieron el poblado armados de bates, machetes y algunos con visibles armas cortas, exigiendo la salida inmediata de algunas familias.
El alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo, participó en las reuniones encabezadas por Gerardo Márquez, y comunicó a las familias que no contaba con suficientes policías para protegerles y en las patrullas facilitó la salida hasta un hotel aledaño, conminándoles a abandonar la zona la mañana a partir de la mañana del viernes pasado.
Los hechos fueron ratificados por Francisco Orduña Mangiola, director de Comunicación de Altos Hornos de México, quien señaló que en la semana se había solicitado la acción de las autoridades para poner orden en la localidad de 8 mil habitantes, dado que existe preocupación de los habitantes ante el amedrentamiento constante del grupo de activistas.
“Resultó increíble que las autoridades terminaran dando legitimidad a delincuentes que están denunciados ante ellas por robo, ataques a la propiedad, sabotaje y otros delitos, sin que la Fiscalía hasta ahora haya dado curso a las consignaciones y son quienes tienen tomado de hecho el pueblo e imponen su ley al estilo de los paramilitares de Guerrero o Michoacán, pero ahora en Coahuila”, expresó.
“En síntesis, un grupo en que la mayoría ni siquiera son habitantes de Hércules puede decidir quiénes pueden continuar viviendo allí y quienes deben abandonar sus casas y sus pertenencias si no quieren ser agredidos y expulsados; esa es la realidad de hoy”, agregó.
Francisco Orduña explicó que existe un conflicto sindical desde que los trabajadores decidieron por mayoría abandonar la organización encabezada por Gómez Urrutia y adherirse al Sindicato Nacional Democrático de Mineros.
“Los conflictos de este tipo deben resolverse en los tribunales laborales y con sus procedimientos, pero en este caso el Fiscal determinó entregar de facto la titularidad a Gómez Urrutia y legitimó que sus gentes violen flagrantemente la ley, al establecer, por ejemplo, retenes ilegales de control en la carretera y en el ingreso al pueblo”, abundó.
Explicó que Minera del Norte, subsidiaria de AHMSA, presentó hace meses denuncias ante las autoridades judiciales porque un grupo de trabajadores y activistas enviados por Gómez Urrutia, liderados por el ex trabajador Francisco Vaca Pavia, tomaron las instalaciones de ingreso a la principal mina subterránea de fierro, (propiedad de Altos Hornos de México), aledaña al poblado, impidiendo el ingreso del personal técnico que debe darle mantenimiento.
Por su parte, Rolando Torres indicó que para los habitantes es un año muy difícil, ya que estuvieron muchas semanas sin energía eléctrica por el corte de suministro que hizo la CFE y un problema adicional que enfrentan los trabajadores y sus familias es la falta de pago de salarios, muy retrasados, lo que se sumó también a la falta de servicios públicos que prestaba la compañía.
Sobre ello, Orduña señaló que al igual como los 17 mil trabajadores de AHMSA y sus empresas, la paralización de actividades productivas, que ya se encamina a seis meses, genera una grave crisis financiera que afecta principalmente el pago de salarios y prestaciones, con retrasos que llegan a más de dos meses.
cale