Acatando una sentencia del Tribunal Federal Electoral, Coahuila recibirá los votos de personas privadas de su libertad a partir de la elección de 2023, y se convertirá en el quinto estado que lo hace en la república.
Así lo informó Miguel Castillo Morales, vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Inicialmente son alrededor de 2 mil personas las que se encuentran privadas de la libertad y tienen mayoría de edad en la entidad, pero el número podría reducirse o modificarse ya que de aquí al proceso, los internos pueden cambiar su situación legal o estatus jurídico ya sea porque reciben sentencia o porque salen en libertad; o bien aquellos que no cuenten con credencial para votar o simplemente no desean participar.
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Esto en el marco de la protesta de 6 nuevos consejeros electorales, al renovarse el Consejo General del INE: Matías Barajas Flor, Nélida de la Fuente Cabello, Migdy Yosdel García Vargas, Norma Ivette Lozano Alvizo, Ramón Tolentino Quilantán y Manuel Jiménez Herrera, lo cual era necesario para arrancar los trabajos electorales en la entidad con la conformación del consejo.
Precisó que en estos momentos se encuentran en la fase de preparación y será posteriormente, una vez que ya se instaló el consejo, acercamiento con autoridades de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública, para analizar en cuáles de los Centros de Readaptación Social de la entidad hay las condiciones para que esto sea posible; además se buscará que participen internos hombres y mujeres, y se tratará de un voto anticipado.
“Haremos una depuración con las autoridades de seguridad pública para determinar cuántas y en función de eso va a ser necesario que acudamos, puede ser uno o varios días de acuerdo al número de personas que participen”.
Indicó que el fallo tiene como propósito garantizar que en la próxima elección presidencial, en 2023-2024, se haga este ejercicio de forma generalizada en todos los Ceresos que sea posible; no obstante uno de los retos más importantes es garantizar la seguridad tanto de personal del INE que acuda como funcionario de casilla, como de representantes de partidos políticos y observadores.
Recordó que se hicieron ya pruebas durante la elección de Hidalgo, pero aquélla entidad ya prevé la obligatoriedad, en tanto que en Coahuila aún no tiene carácter legal.
Puntualizó los pasos que se seguirán en este proceso, que iniciará con informar a los internos para saber quién está interesado.
“Se les lleva la información, se les invita a participar y quienes aceptan, se inscriben en la lista nominal; y posteriormente se utiliza la modalidad postal”.
Esto es que se coloca la papelería en sobres cerrados, se les entrega a cada una de las personas en prisión preventiva, se coloca una mampara para garantizar la secrecía del voto y luego de que marcan su elección, se guarda en un sobre que se entrega a los funcionarios electorales para ser resguardado y abierto hasta el día del conteo electoral.
aarp