Gobiernos de Coahuila, Saltillo y Torreón presentan demanda de controversia contra 'Plan B' electoral

Miguel Riquelme destacó que uno de los aspectos en los que se observa la afectación de esta reforma son los topes de precampaña y campaña.

El mandatario afirmó que la principal preocupación es que se sigan realizando cambios sobre la marcha en el proceso electoral que ya inició.
Brenda Alcalá, Daniel Santiago y Esmeralda Sánchez
Coahuila /

El Gobierno de Coahuila presentó una demanda de controversia constitucional en contra del "Plan B" de la Reforma Electoral planteada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, según el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

El mandatario consideró que lo que se busca es dejar claro qué efectos tendrá en el estado, en el proceso local y en temas de Comunicación Social.

El mandatario afirmó que la principal preocupación es que se sigan realizando cambios sobre la marcha en el proceso electoral que ya inició en Coahuila, al señalar que esto crea incertidumbre en partidos políticos y precandidatos.

“La preocupación es que el proceso electoral en Coahuila ya había iniciado, con reglas que con anterioridad de alguna forma se habían propuesto en una reforma aprobada, autorizada por el Congreso Local, sin embargo, los efectos de este 'Plan B' pretendían ser aplicables también en Coahuila y el Estado de México”, dijo.

La demanda de controversia constitucional fue interpuesta este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el titular de la consejería jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila, Valeriano Valdés Cabello.

El mandatario estatal afirmó que con esta acción también se busca fijar la postura del gobierno en contra de las obligaciones que establece esta reforma en el tema de Comunicación Social, al señalar que es importante comunicar sobre seguridad, economía, bienestar social y prevención.

“Yo creo que el porcentaje que viene aplicado en esa ley es totalmente fuera de la realidad de lo que realmente cualquier estado, cualquier entidad federativa, cualquier nivel de gobierno, sobre todo municipios grandes, aplican en la realidad desde hace muchos años, y no tiene que ver nada más con el pago a medios, tiene que ver con la difusión de obras, tiene que ver con la prevención, programas de salud, programas educativos, culturales y todo lo que de alguna forma incide el gobierno en la sociedad”, declaró.

Riquelme Solís añadió que la controversia constitucional se presentó con la finalidad de garantizar que futuras resoluciones sobre materia electoral, no tengan efecto en el proceso que ya se inició en Coahuila y el Estado de México.

“Sí estamos actuando en el tema jurídico de manera directa y apoyando a los municipios, que de alguna forma han estado también, en ese mismo sentido, orientando las controversias para poder salvar algunos de los temas que afectan en la parte del proceso electoral, pero sobre todo en el marco institucional con el gasto de Comunicación Social”, afirmó el mandatario coahuilense.

Destacó que uno de los aspectos en los que se observa la afectación de esta reforma son los topes de precampaña y campaña que se establecieron para Coahuila, lo que indicó, perjudica a todos los partidos políticos que participan.

El mandatario señaló que por primera vez, se logró la unificación de un criterio en contra por parte de todos los partidos en este sentido, al afirmar que por el número de habitantes y dimensiones del estado, se recibe una cantidad mucho menor a la que se destina para otros estados con las mismas características.

“Todos traen una desventaja enorme, vimos que el tope de campaña es una de las principales afectaciones a las campañas políticas de Coahuila, porque no estaban ajustados a la realidad, ni los topes de precampaña ni los topes de campaña, si queremos hacernos tontos, bueno vamos a hacernos tontos todos, decimos que es un tope que está a todo dar y que es justo y que la democracia, pero la realidad es que no”, sentenció el mandatario estatal.

Ayuntamiento de Torreón también interpuso demanda

Por su parte, el Ayuntamiento de Torreón también interpuso la controversia constitucional en contra de la Ley General de Comunicación Social, emitida por el Congreso de la Unión, el 27 de diciembre. 

Natalia Fernández Hernández, secretaria del Ayuntamiento, dio a conocer que se exponen en este documento que se presentó, los agravios que realizan a la autonomía municipal y se destaca el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados.

Los alcaldes de Torreón, Román Alberto Cepeda, así como de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, dieron a conocer el pasado lunes, que analizaban promover recurso legal en contra de dicha ley.

Finalmente fue este viernes cuando se interpuso y la secretaria del Ayuntamiento firmó en representación de este órgano colegiado, una controversia en la que se exponen los agravios que el Congreso de la Unión realiza a la autonomía municipal.

Señaló Fernández Hernández que el plazo vence el próximo martes y en Coahuila también la presentó Saltillo y harán lo mismo otros 23 municipios de la entidad.

“La idea es que se suspenda, ya que se está violando la autonomía municipal. La controversia se presentó ante la presidenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este mismo viernes”, afirmó.

Dijo que solicitaron la suspensión que espera se otorgue para que pueda operar con el Presupuesto de Egresos proyectado en 2022 para el municipio de Torreón y que se ejercería en 2023.

“Esperamos tenerla favorablemente en cuanto se erradique y se puedan emitir los acuerdos correspondientes, pero por lo pronto, estamos interrumpiendo los plazos para que continúe la aplicación de esta ley. Hay veces que estas controversias se pueden tardar uno o dos años, pero entiendo que se le va a dar celeridad por el tema de los procesos electorales”, afirmó.

Saltillo se unirá a amparo conjunto con todas las capitales del país

El Gobierno Municipal de Saltillo también presentó este viernes ante la SCJN, una controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral; la representación corrió a cargo de Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento.

El pasado 17 de enero, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, informó que habría una reunión el próximo 15 de febrero entre representantes de algunas de las capitales estatales de todo el país, para presentar un amparo conjunto en contra de la reciente ley que limita el gasto de difusión en medios de comunicación para los ayuntamientos y estados, la cual forma parte del “Plan B” de leyes secundarias federales aprobado en materia electoral.

Este viernes el Municipio de Saltillo informó que a través de la Secretaría del Ayuntamiento y por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada en diciembre de 2022.

Estrada Flores dijo que el objetivo es que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que sostuvo, atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos e invade su autonomía.

Lo anterior ya que según el funcionario, hasta antes de la reforma la Ley General de Comunicación Social permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, además de la promoción de políticas públicas para la seguridad o para incentivar el pago de los distintos impuestos municipales.

El pasado 27 de diciembre del 2022 entró en vigor la reforma a la ley en materia de comunicación social, que presuntamente limita la difusión de acciones de gobierno en todos los niveles, poniendo un tope a gastos de Comunicación Social, que no pueden rebasar el 0.1 por ciento del presupuesto de egresos anual en estados y municipios.

Por su parte, Fraustro Siller expresó anteriormente que como municipios existen muchas actividades que se deben comunicar adecuadamente a los ciudadanos e incluso algunas que se prevén que pueden ocurrir, "entonces pues no puedes emplear ese tipo de recursos para eso".

El edil indicó que la restricción es total, “y no puede ser”, ya que los ayuntamientos no tienen el tiempo oficial con que cuenta el Gobierno Federal para hacer llegar sus programas a la sociedad, aseguró entonces que esta legislación "disminuye mucho la capacidad de comunicación que tienen los municipios con la sociedad".

GERR


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