Al considerar que se utiliza un importante número de recursos y elementos asignados a la seguridad de exgobernadores con cargo al erario público, la diputada de Morena Elisa Catalina Villalobos propuso eliminar este beneficio vitalicio y modificar la ley para que se otorgue sólo cuando se justifique y por el tiempo necesario.
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Explicó que en enero de 2009 se hizo una reforma a la Constitución Política del estado de Coahuila adicionando dos párrafos al artículo 186 que otorga desde entonces dichos beneficios a los exmandatarios y a funcionarios de las áreas de seguridad.
“El Estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los Gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de seguridad pública y procuración de justicia”, establece la ley.
Añade que: “Los Gobernadores gozarán de seguridad durante el tiempo de su ejercicio y una vez concluido de manera vitalicia. Los demás funcionarios tendrán la seguridad asignada durante el tiempo de su cargo, así como un período igual después de concluido, siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor. Las leyes ordinarias reglamentarán este precepto”.
En la iniciativa con proyecto de decreto que presentó ante el pleno, propuso reformas para incluir únicamente al Gobernador en funciones y a aquellos funcionarios que, en el Gobierno del Estado, ocupen cargos relevantes en seguridad pública y procuración de justicia, excluyendo a los ex gobernadores y ex funcionarios.
“También propongo reformar el tercer párrafo en los siguientes términos: Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, una vez concluido el período de su encargo, podrán tener seguridad asignada siempre y cuando se justifique. El acuerdo relativo deberá estar debidamente fundado y motivado, señalándose los medios de seguridad y el lapso de tiempo en que serán asignados”, explicó la legisladora.
Y es que insistió que concederse tales medios de manera vitalicia a los exgobernadores, se arroja una pesada carga sobre las finanzas públicas, más aún cuando la norma constitucional no establece que tales medidas de seguridad deben estar justificadas.
“En las condiciones actuales, los ex gobernadores tienen a su disposición seguridad pagada con recursos públicos aunque no se justifique o no se requiera, al igual que algunos funcionarios que después de ocupar el cargo tiene seguridad pagada por los coahuilenses con periodos de hasta seis años”, señaló.