Funcionarios del gobierno federal, encabezados por el procurador Alberto Elías Beltrán, plantearon a integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que crear una Comisión de la Verdad como lo ordenó un Tribunal Colegiado, podría "alterar el orden constitucional mexicano", y por ello se presentaron diversos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinará lo conducente.
En el encuentro con la CIDH y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, revisaron temas como la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes, investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda específicas y el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica formuladas al gobierno de los Estados Unidos.
En un comunicado conjunto, el gobierno de la República informó que ante los representantes de la CIDH y de las víctimas, refrendó “la firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos y procurar el castigo de todos los responsables en el caso”.
Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, expresó que tanto las autoridades como los familiares buscan “que se haga justicia y que hechos tan lamentables como éstos no se repitan en nuestro país”, por lo que se han realizado acciones necesarias para atender cada uno de los planteamientos realizados por la CIDH.
De acuerdo con el comunicado emitido conjuntamente por las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la PGR, la Relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, anunció que la CIDH remitirá una solicitud de información al Gobierno, a fin de integrarla en la fase de finalización de este período, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo de Seguimiento, en noviembre próximo.
En tanto, en respuesta a cuestionamientos del comisionado Luis Ernesto Vargas, se subrayó la importancia de avanzar en cuestiones relacionadas con esquemas de atención psicosocial a las víctimas, así como identificar vías para hacer más expedita la colaboración de los detenidos, que facilite conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas.
Se informó que la comisionada Esmeralda Arosemena reconoció la colaboración del gobierno mexicano en las acciones y atención al cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso, al tiempo que subrayó distintos asuntos pendientes en los cuales deberá profundizarse en las semanas y meses siguientes.
El acuerdo fue continuar en el seguimiento a las acciones de búsqueda, investigación y asistencia a víctimas, en coordinación y comunicación con los representantes de los familiares de los 43 estudiantes, en el marco de la cooperación con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.
AE