Mientras que Movimiento Ciudadano acusó al PRI y PAN de salvar el cargo del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Garza, tras asumir la gubernatura interina en diciembre pasado para que el gobernador fuera candidato presidencial, por mayoría, la Comisión de Justicia desechó la solicitud de remoción contra el juzgador.
En sesión, la Comisión de Justicia argumentó que se reconoce expresamente la facultad del Congreso para llevar a cabo la designación del ciudadano que debía fungir como gobernador interino, pues las mayorías eligieron a Salinas Garza.
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“La flexibilidad del principio de división de poderes no confiere a los poderes la autoridad para asumir facultades que no les corresponden, sino únicamente aquellas que la Constitución les asignaconsiderando es que el principio de legalidad establece que toda autoridad únicamente puede hacer aquello que la propia ley le permite, por lo que cualquier acto de autoridad distinto a lo previsto por la norma actualizaría una violación dicho principio, viciando dicha actuación. En este contexto, la actuación del Poder Ejecutivo al nombrar a un gobernador interino, siendo una facultad exclusiva del Poder Legislativo, implica una intromisión y subordinación que contravienen el principio de división de poderes”.
“En cuanto a la remoción del cargo del C. José Arturo Salinas Garza, pues únicamente denotan desacuerdo sobre la determinación libre y soberana que esta Legislatura tomó con la debida oportunidad, al no acceder a la imposición de un gobernador interino designado por el gobernador constitucional; antes bien, es claro que lo así relatado por los solicitantes deja entrever un interés que se aleja del respeto al marco competencial que consagra la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y que busca comprometer la soberanía de este Poder Legislativo”, determinó la Comisión.
Sería ocioso, acordaron los diputados para la Comisión abundar sobre lo argumentado en favor de los derechos políticos del gobernador Samuel García Sepúlveda y su derecho a no ejercer la licencia que le fue aprobada por este Congreso.
“Es inconsistente y del todo independiente a lo relatado en torno al C. José Arturo Salinas Garza y la solicitud de remoción que se analiza, por lo que, sin lugar a dudas, se desestima”, agregaron en el dictamen.
Eduardo Gaona, coordinador de MC, dijo que es muy clara la Constitución en el artículo 118 que dice que para ser gobernador del Estado no se requiere ser magistrado, y en ese momento Arturo Salinas era precisamente presidente magistrado presidente.
“No se vale que en este momento hacernos de la vista gorda y hacer como si nada pasó, no podemos quedarnos así, desde la Cámara de Diputados están viendo un juicio contra Arturo Salinas”, aseguró.
Iraís Reyes, diputada de MC, dijo que Salinas debía ser sancionado por tomar la gubernatura, a pesar de que presuntamente era magistrado en funciones, aunque esto no fue así, pues la licencia se le otorgó momentos antes de ser llamado.
“El magistrado decidió aventurarse a ser gobernador interino del Estado de Nuevo León, sabiendo él como abogado que de acuerdo con los artículos 130 y 132 no podía desempeñar otro cargo, no podía dejar el Poder Judicial porque al momento desempeñar otro cargo tampoco iba a poder regresar”.
“Debería de ser sancionarlo por querer asumir un puesto ajeno, porque traicionó a le gente de Nuevo León porque la persona que debería darnos justicia fue complice del tema”, concluyó.
nrm