Entre confrontaciones verbales y amenazas de llevar órdenes de aprehensión en contra de panistas, legisladores de Morena y oposición debatieron sobre el tema de agentes de la CIA en Chihuahua y las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos de narcotráfico.
En la primera sesión, legisladores que integran la Comisión Permanente dedicaron el espacio de la agenda política para debatir el tema de Verdad y Justicia en el que los grupos parlamentarios fijaron sus posturas en torno a la defensa de la soberanía nacional.
Cobardía política, acciones del PAN: Cantón
El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, enfatizó que la defensa de la soberanía es el “mayor imperativo” que tiene el Estado mexicano y una “responsabilidad indeclinable” para el Congreso, por lo que celebró la postura de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para rechazar la intromisión en México por parte de extranjeros.
Criticó el operativo en Chihuahua donde se registró la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), sobre todo, porque no fue informado el gobierno federal, y cuestionó si la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos Galván, estuvo al tanto de la situación.
Tras tildar de “cobardía política” al PAN, cuestionó que la gobernadora de Chihuahua se mantenga en el cargo sin solicitar licencia. Además, criticó a Ricardo Anaya, acusándolo de refugiarse en Estados Unidos y regresar al país amparado únicamente por el fuero constitucional.
“Es una cobardía política la que Acción Nacional, muestra en todo momento, pero no, no se saldrán con la suya, la otra semana traeremos los expedientes, traeremos las órdenes de aprehensión de Ricardo Anaya, (Francisco Javier García) Cabeza de Vaca y varios más panistas”, destacó; mientras la presidenta de la Mesa Directiva lo llamó en varias ocasiones a que concluyera el tema.
El senador recordó que el artículo 123 del Código Penal federal impone una pena de cinco a 40 años de prisión a quien cometa traición a la patria, lo cual, según el mismo ordenamiento, aplica a quien proporcione a gobiernos extranjeros documentos, instrucciones o datos de actividades militares del país, sin autorización.
Además, destacó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia al cargo mientras dura la investigación sobre los señalamientos en su contra realizados por el gobierno de los Estados Unidos, algo que, consideró, María Eugenia Campos Galván también debería hacer para “responder ante el pueblo de Chihuahua, ante la justicia y con la verdad”.
El senador del PAN, José Máximo García López, lamentó que el gobierno de México se niegue a entregar a Rocha Moya, y a que, en el contexto mundial, y que al país se le vea como que Morena gobierna “con los narcos”; por eso, agregó, sin importar la filiación política “que la pague quien la haga”, porque no se pueden permitir gobernantes que delincan”.
Alejandro Murat Hinojosa, de Morena, manifestó que no se puede permitir que la justicia se dicte desde el extranjero, pues no se trata de encubrir a nadie, sino que se presenten pruebas contundentes y elementos jurídicos suficientes porque la relación bilateral debe construirse con cooperación y combate frontal al crimen, pero no bajo una condena mediática, injerencia indebida o violación a la presunción de inocencia.
El diputado panista, Marcelo Torres Cofiño, asentó que México está viendo algo que jamás debió ocurrir, pero que se advirtió con acusaciones formales y penales presentadas por autoridades de Estados Unidos; "por eso exigimos que la Fiscalía General de la República actúe como institución de procuración de justicia, y no como de defensa anticipada".
También de Morena, el diputado Arturo Ávila Anaya dijo que ante la solicitud de detención que solicitó el fiscal de Nueva York, lo único que se pide es que se cumpla con el tratado de extradición, y por eso, consideró que la oposición se equivoca, porque están más preocupados por “rendirles homenajes” a extranjeros, y por ello “están condenados al fracaso, pues ustedes no son hijos de esta patria, ustedes son hijos de la colonia”.
El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, afirmó que nadie puede estar por encima de la ley, y por eso “estamos aquí para que impedir que el poder fabrique impunidad”, porque una cosa, dijo, es la presunción de inocencia, que siempre se debe de respetar, y otra muy distinta es el “manto protector” que Morena quiere tender sobre sus propios escándalos.
El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, expresó que la gobernadora de Chihuahua violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque permitió que agentes de la CIA, de un gobierno extranjero entraran a violar la soberanía nacional.
“Nosotros repudiamos y rechazamos cualquier injerencia e intervención hacía nuestra patria”, señaló.
En tanto, el diputado priista, Rubén Moreira, al cuestionar la situación nacional en materia de economía, seguridad y democracia, manifestó que hoy la historia pone una prueba a los integrantes de Morena, la de actuar frente a las acusaciones de Estados Unidos.
MC pide juzgar a Rocha Moya en México
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, aclaró que a diferencia de otros grupos parlamentarios, el partido considera que se le debe juzgar en México a Rocha Moya.
“En Movimiento Ciudadano tomamos con mucha seriedad lo que acontece en ese estado y los señalamientos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para el gobernador hoy con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de su administración, incluido un senador (Enrique Inzunza).
“Y decimos que nos tomamos con seriedad porque a diferencia de otros grupos, nosotros creemos que Rubén Rocha Moya debe ser juzgado en México”, destacó.
En rueda de prensa, dijo que su partido se toma con mucha relevancia y seriedad las acusaciones que se le hacen, “pero al mismo tiempo le exigimos a las autoridades mexicanas que actúen en consecuencia”.
Consideró que lo que se debe hacer “es romper el pacto de impunidad que ha gobernado este país durante las últimas décadas y hoy el gobernador (Rubén) Rocha Moya, el gobernador con licencia Rocha Moya, pues es señalado puntualmente por sus vínculos con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico”.
Movimiento Ciudadano pidió que si no quieren quitar el fuero a los involucrados, se proceda a llevar a cabo el juicio político por las faltas graves a la Constitución que están señaladas en una acusación del Departamento de Justicia en Estados Unidos.
El vicecoordinador de MC en Diputados, Juan Zavala, informó que presentó una solicitud de juicio político contra la legisladora Hilda Brown, ex presidenta municipal de Playas del Rosarito, Baja California, que fue acusada por el Departamento de Tesoro de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
IOGE