La Comisión de Venecia alertó que la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador genera altos riesgos en contra de la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y podría volverlas partidistas; restringe y pone en desventaja a los grupos políticos más pequeños, dándole el poder a los partidos y no a los ciudadanos; y puede alterar el calendario electoral, la calidad y la credibilidad en las elecciones.
El 28 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, solicitó una opinión a la Comisión de Venecia sobre la propuesta de reforma electoral en puerta.
Comisionados viajaron a México, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel; el senador Héctor Vasconcelos y otros legisladores de Morena, así como con magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
¿Qué es la Comisión de Venecia?
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como Comisión de Venecia, es el órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales que promuevan el pleno respeto a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros.Está integrada por expertos independientes nombrados por sus gobiernos por un periodo de cuatro años, que se reúnen en sesión plenaria para aprobar dictámenes, formular recomendaciones, intercambiar información y compartir buenas prácticas.
Fuente: SCJN
A unas horas de iniciar la discusión sobre la reforma electoral, este lunes la Comisión de Venecia hizo pública su respuesta y análisis a la propuesta del gobierno federal en la que destaca que si bien cualquier sistema y administración electoral puede mejorar, cambiar uno que ha tenido un buen desempeño requiere de especial cautela.
Destaca que el sistema electoral mexicano ha asegurado independencia, goza de confianza de la mayoría de los actores en la materia y ha demostrado ser capaz de garantizar varios ciclos electorales exitosos consecutivos, por lo que cualquier cambio tiene que ofrecer “al menos las mismas garantías de independencia y debe ser capaz de ofrecer al menos la misma calidad del proceso electoral que sus antecesores”.
El informe destaca varios riesgos en la propuesta del Presidente que van en contra del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral al que está suscrito México en tratados internacionales y debe cumplir.
El mayor debate de la propuesta de reforma electoral ha sido el de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciendo los espacios de consejeros de 11 a siete, electos mediante urnas, eliminando los organismos Públicos Locales Electorales y reduciendo sus facultades, lo que la Comisión de Venecia alertó como muy grave para la democracia y la calidad de los procesos electorales.
Primero, advierte que “el procedimiento propuesto en el que el INEC estará a cargo de las elecciones de sus propios miembros es inusual y crea riesgos para su condición de organismo imparcial”, además de que la iniciativa no incluye ningún requisito en cuanto a la preparación técnica y las calificaciones de los consejeros.
Con lo cual se violan los tratados internacionales en materia electoral y democrática que estipulan que las autoridades electorales deben ser imparciales, “por lo que su composición no debe basarse en preferencias y elecciones políticas, y la voluntad de los votantes es político lo que puede conducir fácilmente a una situación en la que los miembros de la comisión tengan una orientación política”.
Por lo que concluye, que una elección en urnas con propuestas directas de los poderes Ejecutivo, a cargo del Presidente de la República, Legislativo y Judicial “no permite aplicar todos los estándares internacionales en materia electoral, lo que vuelve el proceso dudoso”.
Misma alerta que replica en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el que se propone el mismo método que la Comisión de Venecia advierte, es mucho más grave, pues las magistraturas, además de imparcialidad e independencia, requieren experiencia jurisdiccional electoral especializada.
“En conclusión la Comisión de Venecia es de la opinión que el sistema propuesta de selección de los miembros del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral no brinda suficientes garantías de su independencia e imparcialidad; en particular, la elección por voto popular no es consistente con los estándares y mejores prácticas electorales existentes”.
Sobre el argumento de que estos cambios se deben a lo costosas que son las autoridades electorales, la Comisión de Venecia coincide como lo ha hecho ya el INE, que a diferencia de los organismos de otros países, el de México realiza actividades que le competen a otras autoridades en esas naciones, como dar identificaciones gratuitas a toda la población mayor de edad.
Razón por la que advierten que “el objetivo de reducir el costo de administración es compresible y legítimo; sin embargo, si las competencias del nuevo INEC son menos amplias en comparación con el actual organismo electoral y algunas de sus tareas son realizadas por diferentes instituciones estatales, es fundamenta que la independencia, imparcialidad, transparencia y eficiencia en el proceso electoral se mantenga plenamente aseguradas bajo el nuevo diseño constitucional”.
Además, alertaron que al eliminar los OPLES, los cuales operan en cada estado, “la centralización de la administración electoral en todos los niveles podría tener un impacto negativo en la transparencia y credibilidad de los procesos electorales y podría estar en contra con algunos de los principios básicos del federalismo actual”.
Y concluye que dado que “existe un alto riesgo de que el nuevo INEC se forme sobre una base partidista, la confianza en los organismos electorales ni nivel inferior que se crearán ad hoc para cada elección a nivel estatal y local podrían verse seriamente comprometida”.
El documento agrega que eliminar a los Tribunales Electorales estatales y centrar la carga en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante los altos niveles de apelación pueden alterar el calendario electoral y generar incertidumbre, afectará la calidad y credibilidad de la gestión de los procesos electorales.
Propuesta para diputaciones da poder a partidos
En cuanto a la idea de reducir los espacios en la Cámara de Diputados de 500 a 300, que se logran con un sistema mixto de listas para los 200 espacios plurinominales y 300 por elección en urnas, y ahora buscan eliminar completamente “el sistema de mayoría simple, cambiar la naturaleza de la competencia y pasar a un sistema de representación partidaria”, restringiría la representación de los grupos más pequeños.
“Lo que favorecería a los partidos grandes, además, basándose en listas cerradas, permitirá que los partidos políticos tengan la ventaja de la selección de aquellos candidatos que tienen posibilidades de ser elegidos. Esto les da a los partidos, en lugar de a los ciudadanos, más influencia sobre quién es elegido.
“El nuevo sistema electoral propuesto podría dar lugar a una representación excesiva de los partidos grandes y una representación insuficiente o incluso nula de los partidos políticos más pequeños en los órganos electivos”.
Por lo que advierte que aunque se dice que el objetivo es reforzar la legitimidad del Poder Legislativo, “no está claro cómo se puede lograr reduciendo el número de miembros y eligiéndolos mediante una lista única por Estado. El impacto del cambio constitucional debe evaluarse y medirse más, se debe llevar a cabo un debate parlamentario y público exhaustivo sobre las consecuencias de la propuesta”.
Si a esto, se le suma la idea de eliminar el financiamiento ordinario a los partidos político, implicaría un mayor reto “para los partidos más pequeños y los candidatos independientes que no tendrán la misma capacidad de movilizar recursos materiales y humanos en ausencia de financiamiento público para los partidos políticos”.
Lo que a su vez, generará un problema para la administración electoral que enfrentará presiones adicionales y deberá garantizar que opera de manera independiente y no partidista.