Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), exhortó a las organizaciones ciudadanas y académicas, aliadas de la causa de la transparencia, presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva favorablemente la controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que clasifica de seguridad nacional los megaproyectos del gobierno federal.
“El INAI no puede dejar de llamar a la academia, de llamar a los investigadores, de llamar a todos los agentes que hacen democracia socialmente hablando, que son los aliados de la causa de la transparencia y del derecho, para que, en su caso, vean la manera de generar algunos amicus curiae y vayamos a hacerle presión social, académica, ilustrada, técnica a la Corte para que explique esta situación, que es verdaderamente anómala”, dijo Acuña al participar en el foro “Actividad materialmente jurisdiccional de los organismos garantes, fomento de la cultura de la transparencia y profesionalización rumbo al PROTAI 2022”.
El comisionado del INAI advirtió que la controversia constitucional podría no tener éxito ante la SCJN debido a “las circunstancias de tiempos recientes”.
Dijo que presentar una controversia constitucional ante la SCJN contra el acuerdo presidencial del 22 de noviembre de 2021, por considerar que podría reservar indebidamente la información sobre las obras prioritarias del gobierno federal, fue una decisión para defender el derecho a saber de todos los mexicanos.
“Con independencia de la suerte que tuviéramos ante la Suprema Corte, que ─también lo digo con preocupación─ ya es de considerar la fortuna que podríamos tener por todas las circunstancias que hemos visto en tiempos recientes”, reconoció.
Acuña consideró que “la dinámica expansiva de ese decreto es terrible, es verdaderamente grave”.
Recordó que el INAI tiene potestades “que cuida mucho y que las hace valer sólo cuando de verdad es imprescindible, como lo es la legitimación activa, para ir ante la Corte a decirle esto es grave, gravísimo; esto es un obstáculo, esto no sólo violenta el derecho fundamental de la gente a saber, porque la reserva de información por seguridad nacional es una excepción a la regla de la máxima publicidad, (sino que) va a venir a generar un valladar, que va a venir a desmontar, además, todo el trabajo que se ha hecho”.
Acuña reprochó que haya “algunos académicos, de esos de puridad mayor”, que dicen que no es necesario combatirlo ante la Corte, como lo hizo el INAI, vía controversia constitucional, porque es muy burdo, anticonstitucionalmente, en su pretensión.
“Dicen que nos quedemos así, que es inocuo, que cuando venga, entonces ─como si aisladamente pudiera venir algún caso que abusara de este derecho por la vía de la seguridad nacional─, llegaría el asunto al INAI, que esa cuestión sería desechada jurídicamente, que esos casos serían casos de revocación de esas malas respuestas”, expuso.
Sin embargo, Acuña dijo que el INAI no podía esperar que los casos llegaran a su pleno y por eso fue que se decidió interponer la controversia, para la cual, pidió el apoyo de la sociedad civil para reforzarla ante la SCJN mediante la figura del amicus curiae.
“Cuando toca defender un derecho, no basta esperarnos pasivamente a que lleguen los casos que en aluvión van a venir, como si no se abusara ya ahora de la reserva por casos por seguridad nacional”, dijo.
Acuña advirtió también que existe el riesgo de que ese tipo de acuerdos, que hacen mal uso de la reserva de información por seguridad nacional, se replique en los estados y municipios.
“Los estados y los municipios pueden llegar a emitir decretos o acuerdos similares a nivel de los estados y este problema se puede generalizar, haciendo, desde luego, peores manipulaciones o invocaciones de la figura de la reserva”, aseguró.
“Es un demiurgo y jurídicamente, se debe combatir, pero sobre todo que la ciudadanía tenga claro: que no claudique; porque también esto, lo que va a generar, es una inhibición probable”, afirmó.
“Es el momento en el que la sociedad debe reclamar más información sobre, precisamente, las obras o los actos que se pretende cubrir, pero incluso llegando hasta al extremo de abarcar temáticas como la cultura y el turismo, que son de verdad de impacto”, finalizó el comisionado.
KGE