La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que desde el 1 de mayo mantiene al menos siete líneas de investigación y más de una docena de expedientes abiertos contra funcionarios públicos y particulares a causa de las presuntas irregularidades detectadas en la adquisición de los 20 ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
Los ventiladores habrían sido adquiridos a una empresa propiedad de León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a un presunto sobreprecio.
Sin embargo, el IMSS informó que rechazó la compra y levantó un acta para devolverlos, debido a que no cumplieron con las características acordadas en el contrato de venta.
La SFP detalló que, al respecto, ha realizado requerimientos a diferentes dependencias del Gobierno federal, de las cuales ya han respondido el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas.
Asimismo, indicó que se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.
La dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval aseguró que la compra de dichos insumos no se concretó “gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión”.
Explicó que la adquisición fue rechazada “debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados”, con lo cual “no se permitió que se consumara un daño al erario”.
En un comunicado de la dependencia, se aseguró que “nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”.
Además, destacó que en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, la dependencia “continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados”.
En el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, detalló, se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas.
Además, en caso de ser necesario se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.
bgpa