Berta Miranda Rodríguez, integrante del Movimiento Marea Verde Hidalgo, dio a conocer que del 2006 al 2017 se realizaron 207 denuncias por aborto ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH).
Indicó que en el mismo periodo del 2006 al 2017 el Poder Judicial del estado inició 20 juicios contra mujeres y tres contra hombres por aborto, de los cuales 12 terminaron en sentencia para mujeres y tres para los hombres.
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Señaló que las mujeres que están presas por abortar provienen de contextos de violencia, alta marginación y falta de acceso a la información reproductiva.
“Las mujeres que llegaron a un aborto pasaron por una violación sistemática de derechos por omisión de muchos de los actores del estado, falló la educación sexual integral que empieza en la familia, en las escuelas, fallaron las políticas de prevención de violencia y de embarazo de las instituciones y falló el estado que debe de ser garante y protector por medio de la Procuraduría General de Justicia y a eso le sumamos una sociedad que estigmatiza y señala”, sostuvo.
Subrayó que cuando una mujer termina en prisión ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad le están violando los derechos humanos fundamentales como son: la salud, la vida, la libertad, la dignidad y el acceso a la justicia.
“Esos son solo algunos de los derechos no solamente humanos sino fundamentales que les están siendo violados a las mujeres hidalguenses bajo un proceso legal y también a aquellas que han sido obligadas a abortar en condiciones clandestinas e inseguras”, agregó.
Miranda Rodríguez mencionó que actualmente se encuentra en el Congreso del estado una iniciativa que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación además de que elimina las barreras a la interrupción del embarazo en la causal de violación.