Desde 2015, mil 666 mujeres fueron investigadas por haber abortado

En México, la regulación del aborto es restrictiva y, por ello, entre enero de 2015 y abril de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública abrió mil 666 averiguaciones previas (512 en 2015; 538 en 2016, 502 en 2017 y 114 hasta mayo 2018) contra mujeres tratándolas como criminales, sometiéndolas a largos interrogatorios y bajo la amenaza de meterlas a la cárcel a pesar de que existen causales, entre ellas la violación, que las protegen de sanciones punitivas.

En el informe Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, Pedro Salazar, Ana Laura Magaloni y José Luis Gutiérrez reportaron que en ese periodo de enero de 2015 a mayo de 2018 las entidades que más denunciaron fueron Baja California, Ciudad de México, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León y Morelos.

Cuando una mujer, explicó Tamés, llega a los servicios de salud con un aborto en evolución suele ser tratada como sospechosa, el Ministerio Público acude a interrogarlas mientras se encuentran en camillas de hospital.

Esto sucedió con Patricia de 16 años, que en 2016, en Jalisco, fue víctima de violación sexual, por lo que acudió a levantar una denuncia y manifestó su deseo de interrumpir el embarazo.

El Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Salud del estado prestar el servicio médico y, una semana más tarde, le entregaron pastillas de misoprostol; presentó vómito, mareos, ascos y dolor abdominal, además de un sangrado muy abundante. Se descubrió a través de un ultrasonido que la interrupción no había sido exitosa. En el hospital le respondieron que Jalisco no tenía las “demoledoras de bebés” y el personal médico y de enfermería le decían cosas como “los bebés no tienen la culpa”.

En 2015, en Chiapas, María Isaura fue atendida en el hospital Pascasio Gamboa con motivo de su segundo parto, y le insistieron utilizar un método anticonceptivo, un dispositivo intrauterino (DIU). Luego de un año y medio se cayó mientras hacía la limpieza del local de tortas donde trabajaba.

Sintió mucho dolor, acompañado de sangrado vaginal. María Isaura estaba segura de que no estaba embarazada, porque traía el DIU. Sin embargo, el dolor aumentaba y sentía ganas de pujar. No sabía que estaba embarazada, por lo que su mamá llamó a la Cruz Roja.

En el hospital, al elaborar la historia clínica, el personal le preguntó de manera insistente qué había hecho para provocarse el aborto. Menos de cuatro horas más tarde se presentó un agente del Ministerio Público para entrevistarla por tres horas para que “confesara” haberse provocado un aborto.

Al día siguiente, la enfermera le dijo que antes de salir debía ir a “ver a su producto”. La llevaron en una silla de ruedas a un cuarto oscuro y colocaron los restos fetales en un frasco con su nombre en letras grandes.