En abril de 2024, Jalisco dio un paso significativo hacia la despenalización del aborto. Esto lo colocó en el decimotercer estado en México en hacerlo. En días pasados se discutió el tema en el Congreso local, en paralelo a manifestaciones contra de la interrupción del embarazo. Para Priscila Cavagna Cordero, abogada e investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la armonización de la ley es urgente para que se puedan garantizar los derechos reproductivos de las mujeres en el estado.
En entrevista, la activista y experta en derechos humanos, explicó el alcance de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 228 y 229 del Código Penal del estado.
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Antes del fallo, los artículos 228 y 229 establecían que el aborto era ilegal en Jalisco, salvo en casos de violación, peligro de muerte para la madre, o cuando el embarazo era resultado de un acto culposo. La reciente decisión judicial, sin embargo, abrió la puerta a la legalización del aborto voluntario en el estado: “Es un paso importantísimo porque hasta ahora, las mujeres de Jalisco no tenían acceso a un aborto seguro y legal, a menos que se dieran circunstancias extremas. Con esta resolución, cualquier mujer que desee interrumpir su embarazo podrá promover un amparo para hacerlo”.
Este avance no es menor, especialmente en un contexto donde los derechos reproductivos han sido históricamente marginados. Aunque la resolución aún no es notificada oficialmente al Congreso, una vez que esto ocurra, las autoridades legislativas tendrán la obligación de armonizar la ley, es decir, de modificar los artículos pertinentes para que el aborto voluntario deje de ser un delito en Jalisco: “Mientras esto sucede, el amparo es la vía legal para que las mujeres puedan acceder a este derecho”.
¿Qué se necesita para un aborto seguro en Jalisco?
El amparo, una figura jurídica ampliamente utilizada en México para proteger los derechos humanos, se convierte en un recurso esencial para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo en Jalisco. El procedimiento, aunque no exento de complicaciones, ofrece una vía efectiva para garantizar el acceso a un aborto seguro.
Una vez que una mujer promueve un amparo y se le otorga la suspensión provisional, los jueces pueden ordenar a las instituciones de salud que practiquen el aborto”, explica la experta. Este trámite, que puede resolverse en cuestión de días, es vital para asegurar que los derechos reproductivos no sean vulnerados mientras se armoniza la ley en el Congreso.
Priscila compara la situación actual con la lucha por el matrimonio igualitario en Jalisco, un proceso que también pasó por la declaración de inconstitucionalidad de los artículos restrictivos en el Código Civil antes de que se armonizara la ley: “Es muy similar a lo que ocurrió con el tema del matrimonio igualitario. Mientras el legislativo no armonizaba, las personas podían promover un amparo para casarse. Hoy, lo mismo se aplicará para la interrupción del embarazo”.
Sin embargo, este proceso podría enfrentar retos similares a los del matrimonio igualitario, donde el legislativo tardó varios años en armonizar la ley, dejando a las personas en un limbo legal: “Espero que no lo manden a la congeladora como hicieron con el matrimonio igualitario. Este es un tema que las mujeres de Jalisco y del país hemos demandado y por el cual hemos luchado. Es necesaria una acción legislativa rápida y efectiva”. Hasta la fecha, trece estados de México han legalizado el aborto voluntario, siendo la Ciudad de México la primera en hacerlo en 2007. A esta le siguieron Oaxaca en 2019, Hidalgo en 2021, y posteriormente estados como Veracruz, Baja California, y Sinaloa, entre otros.
¿Cuáles son los retos para el aborto en Jalisco?
Aunque el aborto sea legal en estos estados, asegura la especialista, las mujeres siguen enfrentando numerosos obstáculos para acceder a este servicio. En muchos casos, la falta de armonización legislativa y la objeción de conciencia por parte del personal médico siguen siendo barreras significativas: “Las instituciones de salud pública están obligadas a contar con personal capacitado para realizar la interrupción del embarazo. Sin embargo, en la práctica, muchas mujeres siguen enfrentando estigmatización y violencia institucional cuando buscan acceder a este servicio”.
A pesar de este avance, los retos son numerosos. Jalisco es un estado con profundas raíces conservadoras, y la resistencia al cambio ha sido notable en el pasado. La activista reconoce que, aunque la despenalización del aborto es un gran paso, aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres tengan un acceso real y efectivo a este derecho: “Hasta que no se armonice la ley, las mujeres seguirán enfrentando obstáculos significativos. Además, la falta de voluntad política y la resistencia de algunos sectores del legislativo local podrían retrasar este proceso”.
¿Qué pasará con las mujeres encarceladas por aborto en Jalisco?
Otro desafío es la situación de las mujeres que actualmente enfrentan procesos legales por aborto. La resolución del tribunal colegiado podría abrir la puerta a la liberación de aquellas que han sido encarceladas por interrumpir su embarazo, aunque este proceso no será sencillo: “Desafortunadamente, es difícil encontrar cifras exactas de personas privadas de la libertad por aborto en Jalisco, ya que muchos de estos casos están clasificados bajo otros delitos como homicidio o infanticidio. Sin embargo, con esta resolución, los jueces tendrán que revisar estos casos con un enfoque diferente”.
La sociedad civil ha jugado un papel fundamental en la lucha por la despenalización del aborto en México. Organizaciones como GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) han sido pieza clave en la promoción de amparos y en la defensa de los derechos reproductivos en todo el país. “GIRE ha promovido amparos en todas las entidades donde el aborto aún no es legal, y su trabajo ha sido esencial para lograr avances en este tema”, afirma Priscila.
Además, las instituciones públicas deben asumir su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres. La NOM 046, que establece los lineamientos para la atención a víctimas de violencia familiar y sexual, incluye disposiciones sobre la interrupción del embarazo, y todas las clínicas de salud pública están obligadas a cumplir con estos estándares. Sin embargo, como menciona la activista, la implementación de estas normas sigue siendo un reto en muchos lugares.
SRN