La falta de recursos económicos, humanos y materiales desataron la crisis en el manejo de cuerpos de personas no identificadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), concluyó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en su reporte de opinión 3/2018, hecho público este miércoles.
La directora General Adjunta, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Pamela Romero Guerrero comentó: “que, en este sentido, en términos generales lo que nos gustaría es dejar de manera muy puntual en dos aspectos: el manejo de los restos humanos no sólo tiene que ver con la parte forense y la parte técnica, tiene que ver con una parte muy importante que es la dignidad humana, tiene que ver con la imagen que se le da a las personas que arriban al Instituto Jalisciense o a los institutos forenses, a los servicios periciales o a los SEMEFOS, lamentablemente a buscar a sus seres queridos o a las personas que no encuentran, esta parte es lo que la ciencia no debe olvidar”, comentó.
Sin embargo, la opinión no es vinculante, es decir, el estado no está obligado a aceptarla, así lo reveló Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.
“El documento obedece a una solicitud en su momento del gobierno anterior de Jalisco, que pidió la intervención de la Comisión para apoyarles en un diagnóstico que hiciera propuestas vistas desde afuera para ver lo que está sucediendo, no tiene carácter vinculante, no puede ser oficial, pero sí trae señalamientos técnicos muy importantes, sin duda, desde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se había señalado a las autoridades superiores y que esto no se había cumplido”.
Rochín del Rincón reveló que próximamente se presentará el reporte completo de las anomalías detectadas en el Servicio Médico Forense y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, durante la supervisión realizada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El comisionado ejecutivo señaló desconocer la cantidad de denuncias fueron presentadas contra funcionarios públicos por el mal manejo de los 157 cadáveres depositados en cajas de tráileres, cuyo escándalo se desató hace unos meses.
GPE