Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) exhortó al Gobierno del Estado a garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios, tras darse a conocer que continúan dándose malos manejos y tratos dentro de estos lugares.
Durante el día de ayer, en diversos puntos del área metropolitana aparecieron mantas con mensajes dirigidos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en donde familiares de presos denunciaron que al interior de los penales continuaban las extorsiones, solicitud de cuotas ilegales, venta de drogas y otras acciones ilícitas.
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A través de un comunicado, CADHAC reiteró que han hecho múltiples llamados a las autoridades para evitar que se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos de los reos. Por ello, indicaron que volverán a alzar la voz para que se investiguen las denuncias que fueron difundidas por los propios familiares.
“Los mensajes colocados en las mantas confirman que la violación a los derechos humanos contra la población penitenciaria continúa, y no se observan cambios substanciales en la vida de las personas privadas de libertad.
“Los altísimos niveles de abusos, tratos inhumanos y degradantes conducen a violaciones al derecho a la vida, actos de tortura generalizada, los alarmantes índices de conflictos al interior, y a deteriorar las condiciones de vida, de por sí precarias. Es indispensable que las autoridades del Estado atiendan esta situación”, externan en el comunicado.
A la par de ello, advirtieron que es urgente implementar acciones preventivas en estos recintos para evitar tragedias como las acontecidas en el ex penal del Topo Chico.
Por lo anterior, CADHAC exigió al Ejecutivo Estatal asumir de manera directa la responsabilidad del Sistema Penitenciario del Estado y tomar las medidas necesarias, a fin de garantizar la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad.
Aunado a ello, que se garantice una comunicación confiable entre las personas privadas de su libertad y sus familiares de manera regular. Asimismo, no autorizar o concretar traslados de internos a Centros Penitenciarios Federales de otros estados.
Mientras que a la Fiscalía General de Justicia solicitaron que inicie de oficio una investigación por los hechos perpetrados en perjuicio de las personas privadas de la libertad y sus familiares.
Además, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Salud estatal.