El proceso de transición entra la empresa Autotraffic y el Gobierno del Estado provocó que la operación se redujera en un cincuenta por ciento y por ende menos fotomultas aplicadas a los automovilistas que circulen a alta velocidad. Ahora la operatividad del programa no está al cien por ciento y se acerca un cambio de administración, por lo que existe preocupación desde la sociedad civil.
El pasado julio de 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció que habría cambios en la operación de las fotoinfracciones. Adelantó que se daría inicio a un proceso para liquidar anticipadamente el contrato con la empresa Autotraffic, contratada para la operación de dicho programa. Se inició proceso en el que se cruzó una solicitud de amparo de la empresa y fue en abril del 2018 cuando se inició con la transición.
Se ha disminuido “en casi un 50 por ciento en cuanto a fotoinfracciones” pues el programa está operando con la mitad de las 54 cámaras fijas que han sido adquiridas por el Gobierno del Estado a través de dos administraciones y diferentes contratos. Así ha funcionado durante los meses de mayo, junio, julio y lo que va de agosto.
“Traemos un proceso de recaudación mucho menor que al que históricamente se había registrado por este proceso de transición, pero esperemos que en el transcurso del mes de agosto este asunto esté resuelto y estemos operando al cien por ciento”, comentó Mario Córdova España, titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, organismo público descentralizado que ya se hace cargo de la operación del programa a partir de las disposiciones del gobernador.
Actualmente, con el Instituto de Movilidad laboran 46 personas que fueron contratadas por la vía outsourcing. Algunos de los empleados trabajaban con la empresa Autottraffic y el resto fueron contratados y capacitados. Pero para la operación del cien por ciento del sistema aún quedan otros pendientes respecto a compras y adecuaciones del espacio en el que operará el sistema.
Se llevan los procesos de adquisición a través de la subsecretaría de Administración de la propia Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), afirmó Mario Córdova España. Algunos de los procesos de compra es de equipo de cómputo y los software para la operación de la fotomulta.
“Dentro de las adquisiciones que están en proceso está el mantenimiento preventivo o correctivo del sistema, la póliza se mantenimiento, los vehículos que se necesitan para operar en campo el sistema, seguridad y vigilancia del lugar donde va a estar el sistema, un seguro contra robo y vandalismo de los equipos. Mobiliario porque hasta el mobiliario era de la empresa, instalaciones eléctricas, obra civil del nuevo espacio, baterías automotrices, gasolina para los vehículos y un lote de herramientas”, agregó el funcionario.
La información respecto a las estadísticas de multas aplicadas durante los últimos meses fue solicitada al Instituto de Movilidad, la Secretaría de Movilidad y la Sepaf y no se pude obtener la información, pues las dependencias explicaron que no contaban con dichos datos.
El pasado 16 de julio, el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la implementación de medidas para modificar la operación del programa y por lo pronto este opera al 50 por ciento. La medida principal fue rescindir el contrato con la empresa Autotraffic, la creación del fideicomiso destinado para infraestructura vial, mejora del transporte público y atención a víctimas. Algunas de ellas ya se han avanzado pero otras están olvidadas, por ejemplo, hay espacios descuidados con la colocación de señalética y balizamiento de los 50 puntos donde se encuentran los radares y cámaras.
¿Qué anunció el gobernador en julio de 2017?
Rescindir el contrato con la empresa Autotrafic.
Crear un fideicomiso que estará destinado a Infraestructura Vial, Mejora del Transporte Público y Atención a Víctimas.
Certificación. La Semov deberá conformar un comité con representación de ONG dedicadas al seguimiento de la atención de víctimas y junto con el Itei deberán certificar:
Señalética y balizamiento de los 50 puntos donde se encuentran los radares y cámaras.
Que los 50 puntos estén ubicados en las vialidades donde hay mayor siniestralidad (con el fin de que este programa cumpla con el objetivo de disminuir y prevenir los accidentes y no con intenciones recaudatorias).
Que los límites de velocidad establecidos en todos los puntos estén justificados y acorde a la reglamentación.
Con el apoyo de CANIETI, Semov certificará (de manera periódica) la calibración de cada uno de los fotoradares.
Sanciones. Se instruye al equipo jurídico de la Semov y SGG a que realicen las adecuaciones normativas que se requieran para:
Que las multas puedan ser permutadas por trabajo comunitario, un trabajo comunitario real y estricto.
Que se apliquen multas escalonadas, de acuerdo al exceso de velocidad.
Que se castigue con retiro de licencia en caso de reincidencia.
La Secretaría de Movilidad realizará el diseño de nuevas fases del programa, con base a la implementación de un modelo en el que las decisiones se tomen junto con un consejo de la sociedad civil conformado por afectados por accidentes viales, activistas y académicos.
GPE