Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo hacia la jueza Karla María Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito y quien suspendió la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Guanajuato; lo anterior a raíz de que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, calificó como inconstitucional la sentencia.
Los organizaciones argumentaron que que un principio básico de las democracias es la separación de poderes. “Un poder no debe intervenir en la competencia de otro, ya que se perderían los equilibrios básicos que son necesarios para la gobernabilidad en un país".
Mediante un comunicado, suscrito por más de 70 organizaciones y personas en pro de las mujeres, las infancias y sus derechos humanos, la sociedad civil refirió que, de acuerdo con estándares internacionalmente reconocidos, el Poder Ejecutivo no puede interferir ni manifestarse sobre asuntos pendientes de resolución por el Poder Judicial.
“Hacerlo implica un ataque a la independencia judicial y a nuestros derechos”, señalaron, por ello, rechazaron todo ataque a juezas y jueces que respetan y hacen cumplir la Constitución.
Asimismo, exigieron a los Poderes Ejecutivos, tanto federal como de todos los estados de la República, a actuar de conformidad con la Constitución, respetar la división de poderes y no menoscabar la independencia judicial.
“La garantía de los derechos no es fuente de impunidad, la ineficacia y las violaciones al debido proceso sí lo son”, criticaron. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a no aceptar este tipo de ataques y manifestarse en contra de ellos.
ROA