La asamblea municipal de Atitalaquia deberá sesionar esta semana para la revocación del permiso de operación de la empresa Esmex Hidalgo, a quien se le otorgó la licencia de funcionamiento en 2021 para el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Tras reunirse, activistas ambientales acordaron con autoridades municipales y estatales que se revocará la concesión para el basurero regional aprobada por la mayoría del cabildo de Atitalaquia, además de que se brindará la información reservada y se recibirá el proceso de autorización para que operara el inmueble, entre otros puntos.
Como parte de los resolutivos de la mesa de diálogo coordinada por el gobierno de México y en la que participaron activistas de Atitalaquia, funcionarios del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que desarrollan trabajo en la zona, funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), César Román Velázquez, titular de Contraloría Social y otros funcionarios estatales, se prolongó por varias horas.
Entre los puntos se estableció que la concesión para el inmueble que opera la empresa Esmex Hidalgo sería cancelada por parte de la asamblea municipal, además de que los investigadores que laboran dentro de un programa de Conacyt se encargarán de revisar el proceso por el que la Semarnat Hidalgo autorizó la operación del inmueble y obligaron a la Contraloría a quitar el carácter de reservado a la información en torno al basurero.
Acordaron también que la Fiscalía General de la República (FGR) analizará la posibilidad de atraer la investigación por el asesinato del activista Jesús Bañuelos Acevedo, pero también a revisar el mecanismo de protección a víctimas para su familia y para los dos activistas que se encontraban en el plantón al momento de los hechos y que presuntamente fueron golpeados por los agresores.
Incluso se pidió apoyo de parte del gobierno del estado para la familia del activista y la creación de un fideicomiso para los deudos de Jesús Bañuelos, pues destacaron que existió una omisión por parte de los tres niveles de gobierno.
Los activistas advirtieron que se mantendrán al pendiente de los avances de cada uno de los puntos acordados, pero señalaron que la toma de la presidencia se mantendrá hasta que los puntos se resuelvan en su totalidad.
O en caso de que el edil Agustín Hernández Olguín presente su renuncia por su actuación en este tema, e incluso le exigieron al presidente municipal no personalizar el tema, pues evidenciaron la actitud del mandatario de hacer señalamientos continuos hacia activistas y regidores en específico; en breve se realizará una nueva mesa de diálogo para revisar los avances.
El 12 de enero de este año, el propio gobernador Omar Fayad acudió a la inauguración del sitio y dijo que como parte del proyecto integral para el manejo de residuos en la región de Tula, se ponía en marcha el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en Atitalaquia.
Se informó a principios de año que el objetivo era beneficiar a más de 350 mil habitantes de los municipios de Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula, al contar con un área de disposición final de residuos se reduce la exposición.