Vecinos del fraccionamiento Paseos de la Pradera, en Atotonilco de Tula, se reunieron el fin de semana en la avenida principal para manifestar su inconformidad por el cobro de 400 pesos por vivienda que presuntamente les pretenden imponer para servicios de seguridad privada ante la alta incidencia delictiva.
Durante la semana a los colonos de este fraccionamiento situado en los límites con Huehuetoca, estado de México, les informaron que había un proyecto para contratar seguridad privada a fin de mejorar las condiciones de seguridad en el sitio.
Y es que, desde su creación los habitantes de este desarrollo habitacional, han demandado mejoras en materia de servicios públicos, pero en particular el de seguridad por parte de las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.
Lo anterior debido a que es una zona con altos índices, pero a pesar de sus peticiones el gobierno local ha argumentado falta de personal policial para atender de manera más oportuna la incidencia delictiva en este fraccionamiento densamente poblado y en el que constantemente se reportan asaltos y robos de todo tipo.
Los vecinos han organizado a lo largo de los años muchas manifestaciones para exigir mejoras en seguridad pública e incluso a través del área de Prevención del delito de la policía local, han implementado algunas acciones como el programa Vecino vigilante, Segurichats y otras herramientas, que sin embargo, fueron superadas por la delincuencia.
Ante la falta de resultados los vecinos han efectuado intentos de linchamiento, cerrado algunas privadas y en un caso extremo, colocar una caseta ciudadana de seguridad, en la que vigilaban el acceso a un sector del fraccionamiento para impedir el ingreso de personas ajenas.
No obstante los incides delictivos son altos por robos a comercios, viviendas, transeúntes, repartidores y de vehículos, por lo que un grupo de habitantes impulsó un proyecto para la contratación de seguridad, pero pobladores señalaron que esta medida no fue consultada adecuadamente.
Señalaron que comenzó a operar un servicio de seguridad privada, esto aun cuando la mayoría de los habitantes no han autorizado esa acción y menos los cobros, que según dijeron, rondan los 400 pesos mensuales por vivienda y plantea un cobro extra para visitantes.
Expresaron que es un costo elevado, además de que no hay certeza sobre la empresa que brinda el servicio, por lo que advirtieron que no permitirán la operación de esta firma, e insistieron en que la policía municipal y estatal debe reforzar la seguridad en el fraccionamiento.
Los colonos indicaron que desconocen con exactitud quien contrató el servicio de seguridad privada y bajo qué atribuciones, por lo que señalaron que se debe investigar la situación y proceder contra la persona responsable; al cierre de la edición los vecinos estaban concentrados en el sitio, en espera de ser atendidos por la representación comunal y la autoridad municipal.