La colocación de medidas de seguridad como cámaras de vigilancia y GPS oscila entre los 20 mil y los 35 mil pesos por unidad; sin embargo, la complicación para los permisionarios es la contratación de servicios con empresas proveedoras de transmisión de datos.
De acuerdo con análisis de la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad (ATM) en Puebla, el principal problema en los esquemas de seguridad es la transmisión de datos de la unidad al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
Para que cada camión, microbús y combi envíe información al C5, el dueño debe contratar el servicio de transmisión de datos y pagar una renta mensual a un proveedor, similar a lo que sucede con un teléfono celular.
La organización especializada en temas de trasporte público revela que, en la actualidad, en la mayoría de las unidades del sistema urbano se trabaja con el esquema hombre-camión, es decir, una persona opera y obtiene un beneficio a partir de hacerse responsable manejo del camión, del microbús o de una combi o camioneta.
Las ganancias del operador dependen de las horas trabajadas, de la cuenta que pague al dueño de la concesión y los recursos que se destinen para el combustible de la unidad. El esquema-hombre camión desencadena que el mejoramiento y la implementación de medidas de seguridad en las unidades sea más costoso.
La AMTM propuso erradicar el modelo hombre-camión para que con el incremento a la tarifa ganen tanto los usuarios como las empresas que se conformen a partir de la participación de los concesionarios, resulten beneficiados.
La AMTM colocó a Puebla dentro de seis estados con mayor frecuencia de robo o asaltos en el transporte público, y aparece solo por detrás de Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Entre los factores que influyen para que se presenten actos delictivos dentro de las unidades de transporte público se encuentran menor calidad de los automotores, problemas para el traslado de los usuarios y un alto índice de impunidad.
ARP