Rosenda denunció a su ex pareja por incumplir la pensión alimenticia de sus hijos. Pero como las autoridades de la región Sierra Norte de Oaxaca no buscaban al demandado o simplemente argumentaban que no lo hallaban, ella misma entregó al juzgado fotos del acusado cuando entraba y salía de su domicilio. Así evitaría que le dijeran no saber dónde y cómo localizarlo.
Aunque Rosenda cumplió con levantar una denuncia por la vía penal contra su expareja por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar –es decir, él no cubría la pensión alimenticia que acordó un juzgado–, la autoridad, de todas formas, no lo buscó. Pero eso tampoco lo eximió de convertirse en un deudor alimentario.
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Este caso es uno más de los que se acumulan y forman parte del ascenso de este tipo de delito en los últimos cuatro años. En este periodo las denuncias contra deudores alimentarios registraron un aumento de 53 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que concentra cifras de las fiscalías de todo el país.
A partir del año más duro de la pandemia de Covid, las demandas contra padres desobligados no dejaron de escalar: pasaron de 17 mil 678 en 2020 a 23 mil 285 en 2021, para estabilizarse con 23 mil 856 en 2022 pero saltar a 27 mil 071 en 2023.
Cuando alguien se niega a otorgar la pensión alimenticia, niega ese derecho a personas menores de edad, a jóvenes que estudian y a las mujeres que se han dedicado sobre todo al hogar y al cuidado de hijas e hijos, explica Rocío Corral, directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, asociación que atiende casos de violencia contra las mujeres y violencia en el ámbito familiar.
Si no se otorga la pensión alimenticia, advierte, no sólo se ejerce violencia contra ellas, sino también contra los menores de edad y demás dependientes económicos.
Aunque es verdad que sobre todo se trata de una violencia “históricamente recurrente en contra de las mujeres” pues, si analizamos, “el dinero te da poder para moverte, tomar decisiones y también para controlar”, dice Corral.
Delitos, sentencias y denuncias
Ante esto, la especialista observa dos escenarios. Por un lado, el aumento de denuncias ante los juzgados de lo familiar para reclamar a los progenitores la pensión alimenticia. Por el otro, el aumento del delito de incumplimiento a las obligaciones alimentarias cuando la persona no cubre la pensión.
Es necesario distinguir ambas denuncias, dice Corral. Las denuncias contra deudores alimentarios se realizan por la vía penal, ante las fiscalías, siempre y cuando previamente exista una sentencia de pensión alimenticia dictada por un juez de lo familiar.
“El incumplimiento de esta pensión es un delito y cuando existe una denuncia se abre una carpeta de investigación, pues alguien incumplió una determinación judicial”, señala la directora del Centro de Apoyo a la Mujer.
Pone un ejemplo. ‘Sonia’ demanda a ‘Juan’ la pensión alimenticia a favor de sus hijas y de ellas misma, debido a que en los últimos años se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de las chicas.
El juez decreta el 40 por ciento de pensión de las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibe Juan de forma mensual. Si él no paga, Sonia puede iniciar una carpeta de investigación por incumplir las obligaciones alimentarias.
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Aunque los expertos advierten que este tipo de delitos puede esconder una “cifra negra” de denuncias no presentadas, las estadísticas oficiales revelan que cuatro estados del norte del país se colocaron en el deshonroso cuadro de honor de 2023: Chihuahua (2 mil 581), Tamaulipas (mil 829), Sonora (mil 807) y Baja California (mil 224).
Tres entidades del Centro-Occidente figuran en esa lista: el “campeón” Estado de México (con 3 mil 27 casos), Guanajuato (2 mil 761) y Ciudad de México (con mil 021) completan el ‘top ten’ junto a las sureñas Veracruz (mil 308) y Tabasco (mil 090).
El aumento de los deudores alimentarios se explica porque existe mayor difusión del tema, considera Corral. Existen elementos como las redes sociales o la tecnología que acercan a las personas a la información sobre derechos humanos y cómo acceder a ellos.
Si hay un incremento en el incumplimiento quiere decir, dice Corral, “que los agresores incumplen con determinaciones judiciales. Esto significa el incremento de “la violencia económica contra las mujeres y sus hijos”. Advierte que el cumplimiento ocasiona en las mujeres violencia psicoemocional y física, pues “existe un desgaste impresionante para poder sacar adelante los gastos y la manutención de sus hijos”.
Violencia jurisdiccional vs. mujeres
El aumento de casos comprueba que “estamos frente a una crisis en el acceso a la justicia en materia familiar. Las determinaciones judiciales no son prontas, expeditas ni con perspectiva de género. La autoridad jurisdiccional favorece la violencia contra las mujeres. Es un círculo vicioso en el que ellas son víctimas”, denuncia Corral.
Para la especialista, esto significa que la violencia “contra las mujeres es nacional. Por eso es un problema de salud pública y por eso decimos que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional”.
‘Roberto’, por su parte, asegura que no tiene manera de comprobar sus ingresos y desde el 2015 otorga 500 pesos con 50 centavos para cubrir las necesidades alimentarias de su hija.
Cantidad a todas luces insuficiente para cubrir, como lo establece el Artículo 308 del Código Civil, “la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad”.
Ante ese tipo de situaciones “la mamá tiene una sobrecarga de trabajo para poder brindar toda la atención que requiere la niña; él ejerce una violencia contra la señora y la pequeña”, expone Corral.
En este caso específico, el juzgado además decretó un régimen de visitas en un centro de convivencia y con supervisión. “A esos 500 pesos mensuales se le tendría que descontar lo que la señora gasta en llevar a la niña al centro de convivencia para que el agresor conviva con ella. Estamos hablando de impunidad”, acusa.
Miriam Pascual, quien como abogada acompaña a mujeres víctimas de violencia y es integrante de la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, agrega que es importante observar el contexto de violencia que puede llegar a existir detrás de estas deudas.
Se refiere a que previo a una demanda por pensión alimenticia, muy probablemente existió un proceso en el ámbito familiar en el que “hay un contexto de violencia”. Así se observa con frecuencia en los casos que llegan al Ministerio Público por incumplimiento de la pensión.
“Con todo el dolo del mundo, los deudores generan estrategias para dominar, controlar, manipular a las madres y a sus hijos”, insiste Pascual.
Manifiesta que fuera de la Ciudad de México, en estados como Oaxaca y concretamente en la región Sierra Norte –donde la violencia escala y va más allá de la familiar–, para que existan denuncias por incumplimiento tendría que haber un proceso dentro de lo familiar, pero en vez de ello se queda en acuerdos, convenios, promesas de dar cierta cantidad de dinero cada mes.
“El ámbito penal sí persigue delitos, pero no cuando no hay una sentencia en la vía familiar. Y si existiera, en la gran mayoría de casos los padres no son notificados [y al contrario, son beneficiados] por actos de corrupción. Pasan años y las mujeres se convierten incluso en detectives con la intención de encontrar a los deudores”, explica la abogada.
Así, el juzgado admite las demandas, pero la autoridad simplemente no actúa. Suele alegar que no encuentra al demandado, como le sucedió a ‘Rosenda’ en esa región del sur del país.
Y como ya se dijo, hay deudores que no comprueban ingresos. “Pero tiene que ver con un dolo por ocultarlos. Es algo supercomún. Sí, hay casos en los que no se tienen comprobantes de ingresos, en el país los trabajos son precarios, pero en el proceso puede haber un convenio. Y no hay. Es una cuestión de violencia familiar”, resume Pascual.
También existen casos donde los deudores son médicos, personas con recursos económicos y prestigio social. Es en esos casos donde existe un “ejercicio de control, de violencia, de hacer a las mujeres dar vueltas y a través de ese dolor, someterlas”.
Ahí es donde los representantes del Estado mexicano no están vislumbrando que todo ello representa violencia familiar.
“Lo ven como un tema administrativo, de si puedes o no comprobar ingresos. No se ven como problemas comunitarios, dentro de las familias. No hay una corresponsabilidad comunitaria respecto a este tipo de violencia. Eso tiene que cambiar”, dice Pascal, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, familiarizada con las diferentes violencias contra la mujer.
HCM