La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, advirtió que la pandemia del covid-19 ha dejado, hasta ahora, un impacto mayormente negativo en la población menor de edad, de 0 a 17 años, la cual representa casi un tercio de la población total del país.
En la presentación de los avances para integrar el informe alternativo México ante el Comité de los Derechos del Niño, destacó que los avances en la agenda de derechos de la infancia se han estancado, por lo que llamó a observar las obligaciones del Estado mexicano para mejorar esta situación.
Ramírez Hernández afirmó que el país adquirió dicha responsabilidad desde 2002, a través de la firma y ratificación del Protocolo Facultativo relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños y niñas en pornografía, entre otros protocolos en la materia.
Lamentó que estos informes no se cuente con datos oficiales actualizados, pues esto provoca un déficit en términos de información, además, advirtió sobre el notable incremento de la vulnerabilidad y riesgo de trata en que están niños y adolescentes a raíz de la emergencia sanitaria.
En 2020, la Ciudad de México registró 57 carpetas de investigación por trata de personas, en las que había 20 niñas de un total de 31 víctimas de 0 a 17 años, que coincide en proporción de lo que se reportó a nivel nacional.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos colectivos, a pesar de que calcula que sólo se denuncia uno de cada 100 casos.
Además, el país está entre los de mayor incidencia en pornografía infantil: en 2020, en la Ciudad de México se abrieron 90 carpetas de investigación, en las cuales, se registraron a 73 víctimas de 0 a 17 años.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños es víctima de violación antes de los 18 años, y 5 mil de cada 100 mil sufren de tocamientos.
Ramírez Hernández urgió a acatar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, respecto a la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar estos delitos.
La ombudsperson capitalina condenó el uso de niños y adolescentes en los grupos de autodefensa y policías comunitarias, como recién lo dio a conocer la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policías Comunitarias de la región de la Montaña, en Guerrero, sobre 19 niños y adolescentes.
JLMR