La Operación Tornado, de la Subprocuraduría Anticorrupción encabezada por Ernesto Canales, dejó como saldo que la mayoría de los ex funcionarios de Rodrigo Medina de la Cruz y anteriores quedaran absueltos o amparados para evitar confrontarse con la justicia.
La medida, anunciada al inicio de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quedó en nada, pues los ex funcionarios libraron las acusaciones. Tal es el caso de Eduardo Bailey, quien recientemente se salvó, al quedar prescritas las acusaciones por peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y daño al patrimonio del estado, al relacionarlo directamente con el quebranto a las finanzas del Isssteleón por un monto de 359 millones de pesos.
Fue en 2016, cuando el Isssteleón denunció ante la Subprocuraduría Anticorrupción, que encabezaba Ernesto Canales, a Eduardo Bailey.
Sin embargo, un año después, el 28 abril de 2017, Bailey fue detenido por la Fiscalía de Durango, al solicitarle la colaboración el gobierno de Nuevo León, pues se contaba con una orden de aprehensión en su contra y éste fungía en esa ocasión como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel estado.
La polémica subió de tono cuando ese día, Bailey manifestó a los agentes ministeriales sentirse mal de salud y pidió ser llevado a un hospital de Durango, lugar en el que posteriormente aprovechó el descuido de los agentes para escapar.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2018, Pedro Morales Somohano y cuatro colaboradores más fueron absueltos por los mismos delitos que intentaron imputarle a Bailey por ese mismo quebranto del Isssteleón.
Dicha situación provocó que dos años después, en octubre de 2020, reapareciera Eduardo Bailey con amparo en mano, para asegurar que había sido exonerado.
El 30 de agosto prescribieron los delitos por los que se le acusó a Eduardo Bailey.
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