Los conflictos entre vecinos dentro de la zona metropolitana de Monterrey representan 73 por ciento de los problemas cotidianos y el 50 por ciento de éstos se resolvieron a través del diálogo y otro tanto escaló a denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Por ello, autoridades estatales y municipales firmaron la iniciativa de Ley de Justicia Cívica, la cual fue presentada durante la Cuarta Sesión del Consejo Metropolitano de Justicia Cívica.
“La iniciativa busca bajar incidencias y judicialización de muchos casos como por ejemplo las relacionadas con conductas antisociales con bajo impacto delictivo como vecinos ruidosos, tirar basura, o violaciones a reglamentos. Se considera la aplicación de mecanismos alternativos y justicia restaurativa para la solución de los conflictos y evitar que lleguen a un procedimiento ante Ministerio Público o Poder Judicial. Que las faltas no se conviertan en delitos”.
“Esta cultura de la justicia restaurativa, de la justicia cívica lo que busca precisamente es que: uno se reparen los daños; dos, que ambas partes intervengan de alguna forma y que puedan estar de acuerdo en la solución del conflicto y de esa manera la sensación de que no hay vencedores y vencidos es importante, pero sobre todo que verdaderamente se pueda reparar un daño”, dijo Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Por ello, la justicia cívica se concibe como la solución de los conflictos cotidianos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias e intervenciones oportunas en prevención del delito dirigidas a que los problemas sociales no escalen a conductas delictivas o actos de violencia.
Arturo Salinas, presidente del TSJ; el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero; Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública estatal, diputados del Congreso y alcaldes metropolitanos imprimieron su rúbrica en el documento.
A la reunión acudieron los alcaldes Andrés Mijes, de Escobedo; David de la Peña, de Santiago; Daniel Carrillo, de San Nicolás de los Garza; Cristina Díaz, de Guadalupe, y Francisco Treviño, de Juárez, así como representantes de San Pedro Garza García y Santa Catarina, que junto al municipio de García, ya cuentan con un Reglamento de Justicia Cívica.
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