A unos días de que inicie la fase 3 por la contingencia sanitaria por el covid-19, el titular del Despacho Jurídico Common Law y Abogados, Adolfo Estrada Díaz, dio a conocer que presentará 10 solicitudes de preliberación de 11 internos ante los jueces de ejecución del fuero común y federal de los distritos de Pachuca y Tula.
Indicó que las solicitudes se harán para que se pre libere a los internos de dos grupos, el primero, aquellos sentenciados a un delito por una pena no mayor a cinco años de prisión o bien aquellos sentenciados que al momento de la comisión del delito no hayan hecho uso de la violencia, “así como grupos vulnerables como son las personas mayores de 70 años, personas con enfermedades crónico degenerativas o aquellas que se encuentran embarazadas”.
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El segundo grupo es de los sentenciados respecto de delitos patrimoniales en donde el titular del bien jurídico haya sido la propia federación.
“Esto en base a la contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece que podrían optar por este beneficio”, argumentó el abogado.
Precisó que seis solicitudes se harán a los a jueces de ejecución del fuero común en los distritos de Pachuca y Tula y cuatro solicitudes más a los jueces de ejecución del fuero federal en el distrito de Pachuca.
Señaló que las preliberaciones permitirían que los Centros de Reinserción Social terminen un poco con la sobrepoblación que tienen algunos penales del estado y en caso de que se llegara a presentar un caso de covid-19 entre los internos tendrían más espacio para poder aislarlo.
Sin embargo, mencionó que hay otro grupo, aquellos que previo a la contingencia sanitaria por el covid-19 se suspendieron sus procesos, “es decir que ya estaban a días o a meses de poder arribar a un beneficio diverso por el tiempo que llevan compurgando, por las mismas remisiones de la pena pero que al estar suspendidos en estos momentos no se le ha podido dar continuidad a ese proceso”.
Ante ello, Estrada Díaz hizo un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, para que homologue una decisión como la que se tomó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Ellos habilitaron a cuatro jueces de ejecución en la Ciudad de México a efecto de que puedan tomar la demanda de todas estas personas que han presentado las solicitudes de preliberación, estudiarlas y arribar a una situación”, dijo.
Precisó que lo que solicita su Despacho es que se pueda habilitar a los jueces de ejecución, no solo en la ciudad de Pachuca sino en todo el estado, para que antes de que se arribe a la fase 3 del covid-19 puedan en esta semana admitir las solicitudes que presentarán, darle trámite a aquellas que ya estaban por resolverse, “y una vez hecho el estudio tomar decisiones”.
Consideró que es importante llegar a acuerdos probatorios con la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) “y con esto evitar que se generaran audiencias y no tener que correr riesgos para policía procesal, para los auxiliares de sala, para los jueces, para las propias partes de que forzosamente nos tuviéramos que reunir como establece el Código Nacional para que se tomen una decisión sino que únicamente entren a trabajar los jueces, se notifique a las partes y todas aquellas situaciones que tengamos que hacer valer las presentemos por escrito”.
Adolfo Estrada consideró que si hay una aportación de toda las partes la preliberación se podría dar, “partiendo de la anuencia que podamos tener la presidenta del Tribunal de Superior de Justicia del Estado de Hidalgo podemos conseguir cosas buenas”.