El Instituto de Vivienda y Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) anunció que buscarán una reunión con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a fin de crear políticas públicas que vayan encaminadas a resolver la falta de un espacio digno para vivir de este sector de la población.
Lo anterior se da luego de que MILENIO Monterrey diera a conocer que, según, la CDI, una de las principales problemáticas con que se encuentran las comunidades indígenas al radicar en la localidad es la falta de vivienda al no tener un trabajo con las prestaciones de ley.
Ante tal situación, Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, precisó que esta semana entablará comunicación formal con funcionarios de la CDI para detallar y conocer a profundidad cómo se encuentra actualmente este tema.
“Sin duda Nuevo León, dadas sus condiciones de desarrollo, es hoy uno de los estados de mayor atracción de migrantes y entre ellos es claro que una gran parte son de origen indígena, por lo que no debe extrañarnos que ellos enfrenten múltiples problemáticas dada su vulnerabilidad, de ahí que los organismos gubernamentales tengamos que trabajar con programas dirigidos y focalizados para atender su situación.
“Tanto en Fomerrey como en el Instituto de Vivienda, trabajamos para atender a la población que no tiene ingresos fijos y que por ello es difícil que reciban un crédito de institución financiera, por lo cual buscamos ofrecerles alternativas de solución a su necesidad de vivienda a través de financiamientos blandos de casas o terrenos a fin de dar cumplimiento al derecho constitucional de Acceso a la Vivienda, consagrado en nuestra Carta Magna”, dijo.
Apuntó que tanto Federación, como municipios y Estado deben tener compromisos “indeclinables” con las comunidades indígenas y a partir de ahí, generar programas enfocados a incrementar su calidad de vida en Nuevo León.
“El grupo de población indígena, dadas sus características sociales y culturales, es propenso a padecer grados altos de vulnerabilidad y discriminación, por lo cual las instituciones de los tres niveles de gobierno debemos asumir un compromiso indeclinable por ellos asegurando que su atención forme parte de nuestra agenda prioritaria sin llegar al extremo por medio del asistencialismo paternalista, sino que sea a través de acciones concertadas con lo que se busque la corresponsabilidad de las partes”, concluyó.