El Instituto Registral y Catastral de Nuevo León va por una reforma integral a sus respectivas leyes para erradicar el delito de despojo, además de dar certeza jurídica a todos los propietarios de bienes inmuebles.
Al participar en el programa Cambios conducido por Víctor Martínez, José María Urrutia, director del Instituto Registral y Catastral, reveló que están por presentar ante el Congreso local reformas integrales a la Ley de Registro Público y a la Ley de Catastro con la finalidad de hacer una sola y actualizar muchos términos y criterios, pues las vigentes datan desde 1972 y 1964, respectivamente.
“En cuanto al tema de la ley, pues sí, desgraciadamente la Ley de Registro Público y la (Ley) de Catastro pues es del año 1972, la de Catastro del 64, ya tienen cuarenta y tantos años, nosotros desde que llegamos a la administración, son cinco leyes las que nos rigen, entonces estamos por presentar al Congreso una reforma integral de todas las leyes del Instituto Registral y Catastral, vamos a unir la Ley de Registro y de Catastro en una sola buscando adecuar la situación a como está ahorita.
“Que permita la utilización de medios de la firma electrónica, de medios de autentificación para darle mayor seguridad jurídica al ciudadano en sus operaciones inmobiliarias, es un tema que estamos próximos a presentar en el Congreso, es una solicitud de reforma de ley”, dijo.
Por su parte, Gustavo González, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, resaltó que el delito de despojo es un “flagelo nacional”, ante ello, los notarios trabajan ya en algunos puntos que, aunque no están dentro de la ley, permiten reducir que se lleve a cabo dicho delito.
En ese sentido, ejemplificó que están llevando a cabo el registro de datos biométricos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para saber con certeza la identidad de las personas, dicha herramienta, subrayó, ya la tienen en 85 por ciento de las 153 notarías con las que cuentan; otra herramienta que utilizan y no está en ley es la petición de los testimonios originales.
No obstante, una situación que se da actualmente y que es de mucha preocupación para los notarios es que a veces vienen testimonios de notarios públicos de otros estados de la República, ante ello, González adelantó que ya propusieron una reforma de ley para que esos testimonios foráneos vengan validados por la Dirección General del Archivo General de Notarías de la entidad federativa de la que provengan.
“El Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León ha tomado medidas para prevenir, es un flagelo nacional, hay bandas dedicadas porque es un gran negocio.
“Es un flagelo social que el notariado está participando de una manera muy activa en tomar las medidas precautorias, por ejemplo: a mí me tocó en el Colegio Nacional de Notarios Mexicanos, hace tres años, me tocó contratar con el INE, a nivel nacional, la introducción de los biométricos para que los notarios tengan acceso, con sus huellas digitales avalado por el FBI, y entren al banco de datos del INE, y si Juan Hernández López dice ser, con su tarjeta de elector y sus huellas digitales, aparece que esa persona lo es o no lo es”, indicó.
En ese tenor, es que tanto el Colegio de Notarios, como el Instituto Registral y Catastral, insistieron en la necesidad de que se actualicen las leyes en la materia y se contemplen las herramientas antes mencionadas.
Con ello, concluyeron, los delitos de despojo de inmuebles se reducirían en gran medida y serviría de mucho a un estado como Nuevo León, del cual catalogaron, es el estado más patrimonial del país, por el gran número de transacciones en la compra-venta de bienes inmuebles.
“Si tomamos estas medidas provisionales, y ya lo hemos platicado con el vicefiscal y con el director del Instituto Registral y Catastral, blindamos Nuevo León”, afirmó.
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